Hoy muere oficialmente la libertad de expresión en España

El Congreso dice sí a la ley de mensajes de odio en redes sociales​

El Congreso de los Diputados aprobó la propuesta de Podemos para prevenir la propagación de mensajes de odio en redes sociales. En la misma sesión, la Cámara Baja rechazó una iniciativa de Vox que reclamaba prohibir los homenajes a etarras. Dos votaciones, dos mayorías y una pregunta que reaparece cada vez que se toca este terreno: ¿dónde termina la prevención y empieza el recorte de la libertad de expresión?

El doble resultado funcionó como un espejo. Lo que unos celebran como un paso para proteger a quien es agredido por su discurso, otros lo leen como la enésima vuelta de tuerca a un derecho fundamental. La discusión arrastra años y vuelve cada vez con más ruido: prohibir el odio suena razonable en abstracto y se complica en cuanto se concreta quién decide qué es odio.

¿Qué ha aprobado exactamente el Congreso?​

La propuesta que salió adelante abre la puerta a mecanismos para frenar la difusión de mensajes de odio en redes sociales. En la misma jornada, la Cámara Baja tumbó la iniciativa que pedía sellar los homenajes públicos al terrorismo. El doble rasero, sostienen las voces más críticas, está en el núcleo del asunto: se legisla contra un tipo de mensaje, pero no contra la exaltación que molesta en la dirección contraria.

No es teoría. Según las informaciones que circulaban en paralelo, este tipo de herramientas empieza a traducirse en citaciones por delitos de odio a personalidades públicas, entre ellas Lidia Falcón. La sensación de que un comentario incómodo puede acabar en un juzgado no es nueva, pero ahora tiene nombre y número de expediente.

Lo que no aparece en el texto son los umbrales. No queda claro qué palabra exacta cruza la línea, quién la mide ni con qué vara. Y en derecho, lo que no está definido acaba definiéndolo quien aplica. Ese es el temor que recorre la crítica, más que la letra concreta.

¿Por qué se compara con la ley mordaza?​

El paralelismo se activó solo. Si la ley mordaza era facha y franquista, la norma que ahora se aprueba no puede ser su opuesta sin más. Con Franco había censura, sí, pero también existía un aparato cómodo para el poder de turno, y ese aparato tiende a recolocarse con cualquier bandera.

El cuadro de los últimos tiempos añade piezas: toques de queda, límites a la reunión —no más de seis personas— y un recurso creciente al decreto ley para asuntos que antes exigían pasar por el Parlamento. Para una parte del país, el patrón es evidente; para otra, son medidas excepcionales justificadas por una emergencia, no por un plan.

En medio, el argumento técnico: proteger a colectivos agredidos no es lo mismo que censurar la crítica. Cierto. La línea entre una cosa y otra es fina, y sobre todo depende de quién la trace ese día. Nadie discute que el odio exista; la pelea es por el manual.

Quién crea valor y quién pone las reglas​

El salto al terreno económico fue inmediato. Si el espacio público se acota, quien fija los límites fija también de qué se puede discutir cuando se habla de dinero. Y ahí volvió la pelea de siempre: los empresarios y autónomos crean valor, los gobiernos generan deuda. La consigna, repetida hasta el cansancio, funciona como eslogan y como trampa, porque todo depende de a qué se llame valor.

La réplica no se hizo esperar: buena parte de eso que se llama creación de valor se levantó sobre deuda ajena, sobre contratos públicos y sobre un ladrillo que nadie supo cuánto valía hasta que dejó de valer. Se repite que las pymes concentran el 80% del empleo y que las grandes empresas, con sus chanchullos incluidos, son las que llenan las arcas del Estado. Sin acumulación de capital no hay inversión, dice una parte; sin la promesa de retorno, no hay quien arriesgue, responde la otra.

El debate tiene un fondo que trasciende las redes. Toda la discusión sobre censura reposa sobre una pregunta previa: si el progreso del último siglo se debe al capitalismo —internet, transportes, avances médicos— o si ese relato esconde quién pagó la factura. Quien controla el mensaje controla también qué versión de esta historia se escucha.

Cómo se está leyendo la medida​

Tres corrientes se cruzan. La primera ve en la norma el paso previo a algo mayor: primero las redes, después el resto. La segunda sostiene que el odio real, el que amenaza a personas concretas, es precisamente lo que hoy no se ataja con contundencia. La tercera, más cínica, apunta a lo previsible: habrá discurso perseguible y discurso tolerado según a quién apunte.

El descontento no se reparte por igual entre las dos orillas. Hay quien señala al Gobierno por abrir la puerta y quien apunta al otro lado por haberla empujado antes. La desconfianza mutua es el único acuerdo alcanzado.

El dato que descoloca​

Las herramientas de control no hacen falta en el vacío: hace tiempo que existen redes que prometen libertad absoluta y en las que, en la práctica, todo pasa por quien tiene la llave del servidor. El problema nunca fue solo la norma. Fue quién corta el cable. Y esa pregunta, con ley o sin ella, sigue sin respuesta.