Crisis: HURJENTE: En un intento por recuperar los votos de Podemos, el perro les ofrece regularizar a todos los forasteros que lleven 5 meses en España

Sánchez lanza una regularización exprés: 5 meses en España bastan para obtener papeles​

El gobierno de Pedro Sánchez ha propuesto una medida que permitiría regularizar a todos los inmigrantes que acrediten llevar al menos cinco meses en España. La cifra estimada de beneficiados ronda las 500.000 personas. La iniciativa, presentada como un guiño a Podemos para recuperar su apoyo parlamentario, ha sido calificada por sus críticos como un intento desesperado de movilizar votantes antes de las próximas elecciones.

Una medida sin precedentes en la UE​

Ningún otro país europeo ha planteado un umbral tan bajo para la regularización masiva. Los requisitos habituales exigen años de residencia, contrato de trabajo o arraigo familiar. En este caso, bastaría con demostrar la estancia mediante cualquier documento, incluso sin justificación laboral. Los detractores señalan que esto incentiva la inmigración ilegal y agrava problemas estructurales como el acceso a la vivienda y la presión sobre los servicios públicos.

El trasfondo electoral​

La propuesta llega en un momento de debilidad parlamentaria del gobierno, que necesita los votos de Podemos para sacar adelante sus iniciativas. La formación morada ha perdido fuelle en las encuestas, y esta regularización es vista como un intercambio: apoyo político a cambio de una medida estrella para su base. Sin embargo, el calendario es ajustado: el Congreso debe pronunciarse, y tanto PP como Vox han anunciado su rechazo frontal. Algunos analistas apuntan a que el gobierno podría aprobarla por decreto, sorteando el trámite parlamentario, lo que encendería aún más el debate sobre la deriva autoritaria del ejecutivo.

Impacto económico y social​

Más allá de la política, la medida tendría consecuencias inmediatas. El mercado laboral, que ya absorbe a cientos de miles de trabajadores irregulares en la economía sumergida, vería un aluvión de nuevas altas en la Seguridad Social, pero también un incremento del gasto en prestaciones sociales si muchos no logran empleo formal. La vivienda, con precios disparados, se encarecería aún más ante el aumento de la demanda. Los ayuntamientos, especialmente los gobernados por la izquierda, serían los primeros en sufrir el colapso de los servicios de acogida.

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La pregunta que queda en el aire es si esta jugada servirá para rescatar al gobierno o si, por el contrario, acelerará aún más su desgaste ante una opinión pública que ve cómo se premia la entrada ilegal mientras los españoles sufren la crisis de vivienda y la inflación.

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