Inimfrutable: el discapacitado de mocejón seguirá bajo tutela de su familia.

Inimputable por discapacidad: de la cárcel a la tutela familiar​

Un joven al que se atribuye la muerte de un niño en Mocejón no pisará la cárcel y, con lo conocido hasta ahora, tampoco un centro psiquiátrico penitenciario: quedará bajo tutela de su familia. La paradoja tiene miga. El mismo sistema que lo declara incapaz de responder penalmente lo devuelve a una casa sin supervisión profesional permanente, y deja a un pueblo pequeño con las preguntas que nadie contesta.

¿Qué significa ser declarado inimputable?​

En términos legales equivale a tratar al autor de un delito como a un niño de cinco años: no hay pena, hay medidas de seguridad. El padre del presunto autor sostiene que su hijo tiene un 75% de discapacidad reconocida, y esa condición es la que aparta la prisión. La alternativa teórica serían los centros psiquiátricos penitenciarios —se citan los de Alicante y Sevilla—, pero tampoco se contempla el ingreso. Traducido: el control lo ejerce la familia, con los recursos que tenga y sin protocolo público de seguimiento.

No es la existencia de la figura jurídica lo que ha crispado el ambiente. Es su aplicación sin red alguna. Cuando la respuesta del Estado a un caso extremo es «vuelve a casa», la discusión deja de ser técnica y se convierte en política.

El mapa de la asistencia psiquiátrica: menos camas, más calle​

Aquí está el trasfondo que el caso destapa. Una parte del análisis sostiene que los hospitales psiquiátricos públicos se cerraron en 1986 y que desde entonces la red se ha ido adelgazando hasta quedar reducida a centros ocupacionales, nombre nuevo para viejas funciones con menos medios. Los pacientes con patologías graves y sin conciencia del trastorno acaban en casa, con una familia que no tiene ni formación ni autoridad ni respaldo institucional.

El argumento que más se repite es económico: la atención a la enfermedad mental no da votos. Quien necesita una plaza no la reclama en un mitin. Y quien puede pagarla se va a la privada a golpe de talonario, mientras el resto espera una lista que no avanza. El resultado es un sistema con dos velocidades y un agujero en el medio donde caen justo los casos que luego ocupan portadas.

Los indicios que no encajan con el relato de la incapacidad​

Es el punto más incómodo del caso. La inimputabilidad exige, sobre el papel, una incapacidad de comprender o de actuar conforme a esa comprensión. Y hay detalles que se leen al revés: el presunto autor se tapó el rostro, se deshizo del arma y huyó del lugar. Conductas que, se argumenta, se parecen bastante a las de alguien que sabe lo que ha hecho y teme las consecuencias.

A eso se suma que el arma no ha aparecido. Buscarla en un descampado o en un contenedor no es trivial sin medios adecuados, y esa ausencia deja el relato colgando de un hilo fino. Sobre la mesa hay otra hipótesis técnica: si el detenido fue interrogado sin abogado, su declaración podría ser nula y arrastrar consigo las pruebas derivadas de ella por la doctrina del fruto del árbol envenenado. Es decir, el caso podría complicarse no por lo que falta, sino por cómo se obtuvo lo que hay.

¿Qué puede hacer un vecino que convive con un enfermo sin control?​

Poco, según las experiencias que circulan. Hay relatos de convivencia imposible: gritos a las cuatro de la mañana, amenazas a quien pasa por la calle, objetos lanzados por la ventana. La respuesta policial, en esos casos, suele ser la misma: no se puede intervenir porque hay un diagnóstico detrás. El diagnóstico funciona como escudo y como condena para el entorno.

De ahí salen las propuestas más duras del intercambio: rebajar la edad de imputabilidad hasta los 13 años y habilitar algún tipo de reclusión supervisada para quien es peligroso y no responde a tratamiento. Frente a eso, la objeción clásica: recluir por lo que alguien podría hacer, y no por lo que ha hecho, es exactamente el terreno donde una sociedad se resbala.

El ruido de fondo: redes, censura y versiones cruzadas​

El caso se ha convertido en un campo de batalla que le queda grande. Una corriente del análisis sostiene que el episodio se está usando para justificar la censura de redes sociales, con la Comisión Europea citada como impulsora de medidas en esa dirección. Hay quien ve ahí el patrón de siempre: el suceso como coartada regulatoria.

A la vez circulan versiones sobre el origen del presunto autor que apuntan en direcciones opuestas y que no cuentan con confirmación oficial. También se ha especulado con un montaje y con un autor distinto: son conjeturas sin pruebas y conviene tratarlas como lo que son. Lo único verificable es lo mismo que alimenta la desconfianza: se sabe poco, se ha contado rápido y se ha corregido aún más rápido.

Con ese material, la pregunta no es si la ley es garantista. Lo es, y está escrita. La pregunta es cuántos casos como este hacen falta para que la tutela familiar deje de ser la única respuesta pública disponible.