Corrupción Interior ordenó a la UCO que no investigara la corrupción del Gobierno ni de la familia de Sánchez

Interior ordenó a la UCO que frenara las investigaciones sobre el Gobierno y la familia Sánchez​

El director general de la Guardia Civil hasta septiembre de 2024, Leonardo Marcos —nombrado por el Ejecutivo de Sánchez— habría ordenado a la Unidad Central Operativa (UCO) que «se pusiera de perfil» en los casos de corrupción que afectaban al hermano del presidente y a otros escándalos que salpicaban a Moncloa. La información, publicada por El Confidencial y replicada en redes sociales, ha reavivado las sospechas sobre una posible instrumentalización política de los cuerpos de seguridad del Estado.

Según los mandos consultados, la instrucción fue verbal y no dejó constancia escrita, pero varios agentes de la UCO habrían confirmado la presión para no profundizar en determinadas líneas de investigación. El objetivo era evitar que las pesquisas salpicaran al núcleo del poder ejecutivo. La noticia ha sido recibida con indignación en sectores de la oposición y entre juristas, que ven en estos hechos una prueba más de la falta de independencia institucional.

Un patrón de interferencia política en la justicia​

La supuesta orden a la UCO no es un hecho aislado. Los críticos señalan que el fiscal general del Estado, el director de la Policía y el de la Guardia Civil son todos cargos de confianza del PSOE, lo que genera un entramado de lealtades que dificulta cualquier investigación incómoda. «Es como el Padrino, pero en Paco», ironizaban algunos analistas en redes. La percepción generalizada es que las instituciones de control —judicial, periodística, policial y legislativa— han quedado subordinadas al interés del partido en el Gobierno.

El caso se suma a una larga lista de escándalos que rodean al presidente Pedro Sánchez y su entorno, desde las presuntas irregularidades de su esposa hasta los negocios de su hermano en el sector audiovisual. La ausencia de consecuencias políticas —el presidente no ha dimitido ni convocado elecciones— alimenta la sensación de impunidad.

¿Por qué siguen en libertad los implicados?​

La pregunta que muchos se hacen es por qué, si existen indicios de delito, no hay procesamientos ni detenciones. La respuesta más extendida entre los críticos es que el control gubernamental sobre la fiscalía y los cuerpos policiales permite bloquear cualquier avance judicial. «España es ya prácticamente una dictadura bolivariana», se escucha en los círculos más duros de la oposición. Mientras tanto, las causas que afectan a otros partidos —como el caso Gürtel— sí avanzan con celeridad.

Con estos mimbres, el debate sobre la salud democrática española está más abierto que nunca. La confianza en las instituciones —ya de por sí baja— corre el riesgo de desplomarse si no hay una respuesta clara y contundente por parte de la judicatura.

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