Jajjajajjaja Irene Montero promete 1.800 € de smi y 30h semanales

Montero promete 1.800 € de SMI y 30 horas semanales

La promesa cabe en un titular y se recuerda sin esfuerzo: salario mínimo de 1.800 euros y semana laboral de 30 horas. Irene Montero la ha lanzado de cara a 2027, con el calendario electoral apretando, y el primer efecto no ha sido un debate económico serio sino una carcajada. El detalle incómodo es que por debajo del chiste hay dos discusiones de fondo que llevan años abiertas: quién paga la subida del SMI y qué ocurre con toda la escala salarial cuando el suelo empuja hacia arriba.

Qué promete exactamente y por qué ahora

La propuesta tiene dos patas. La primera, un SMI de 1.800 euros mensuales, que se convertiría en referencia de todo el mercado laboral y no solo del tramo más bajo. La segunda, una jornada de 30 horas semanales, es decir, cinco horas menos de trabajo sin que el texto aclare todavía si el salario se mantiene íntegro por menos horas o se recalcula en proporción.

El marco importa tanto como la cifra. El anuncio llega en plena cuenta atrás electoral, cuando el umbral del 5% en las europeas se ha colado en la conversación como una barrera que puede dejar fuera a formaciones menores. La lectura más cínica es que la promesa busca movilizar, no gobernar. La más benévola sostiene que fija un horizonte de negociación aunque hoy sea inalcanzable.

Subir el suelo mueve toda la escalera

Aquí empieza lo interesante. En 2026 el SMI subió un 3,1% y, por vía de convenio, el peldaño salarial inmediatamente superior subió de media un 3%. Ese arrastre estrecha la distancia entre categorías: el peón se acerca al arquitecto y el incentivo para cualificarse se difumina.

Hay quien defiende que el impacto real es pequeño porque pocos empleados de cada empresa cobran exactamente el mínimo, así que pesan poco en la masa salarial. En contra juega el efecto cascada de la negociación colectiva: lo que en la nómina no se nota, en el convenio se multiplica.

IRPF, inflación y el poder adquisitivo que se evapora

Los perceptores del SMI apenas tributan por IRPF, salvo que acumulen dos empleos. Eso desactiva el argumento de que la subida se la come Hacienda. Pero el problema real apunta a otro sitio: la inflación supera el 3% y los tramos del IRPF no se deflactan, de modo que las subidas nominales de cualquier salario medio se estrechan contra el coste de vida.

De ahí la tesis que recorre el asunto: subir solo el suelo es quedarse a mitad de camino. Si el objetivo es defender el poder de compra, el debate debería alcanzar toda la escala salarial, no únicamente el último escalón.

El que paga la factura: autónomos y pequeño comercio

La pregunta que nadie responde del todo es quién financia el incremento. El autónomo y el pequeño comercio son los primeros señalados. Un contraste útil: el beneficio medio antes de impuestos del pequeño comercio rondaba los 38.500 euros en 2004 y los 89.200 euros en 2024. Parece que se ha multiplicado por más del doble hasta que se ajusta por poder de compra y se comprueba que el margen real no ha crecido tanto.

Sobre si los beneficios empresariales están en máximos históricos, la respuesta depende del termómetro. En las grandes cotizadas, sí. En la economía real del comercio de barrio, más bien lo contrario.

La promesa que casi nadie ve realista

Con las encuestas apuntando a mayorías de la derecha y a un reparto que dejaría a Podemos en la orilla, la propuesta funciona más como munición de campaña que como programa de gobierno. Y sin embargo la discusión que abre sí resiste: por qué el debate público se limita a discutir el salario mínimo en lugar de atacar la pérdida de poder adquisitivo de toda la escala.

Es probable que la cifra de 1.800 euros no se vuelva a mencionar cuando pase el ciclo electoral. La pregunta que sí quedará es la de siempre, esa que ningún organización criminal resuelve: quién paga, cuándo y con qué margen.