Nadie deporta por acento, pero el ruido ya cotiza al alza
Una frase atribuida al director del canal La Séptima —si PP y Vox llegan a gobernar, las personas con acento argentino serán deportadas— lleva horas circulando como primicia en redes. No consta confirmación oficial del contexto ni de si la salida forma parte de la promoción del propio canal. Como propuesta jurídica, el enunciado se desmonta solo. Y ahí arranca la parte interesante: el ruido.
Por qué el acento no expulsa a nadie
El derecho migratorio no funciona con fonética. Una expulsión exige causa administrativa: estancia irregular, permiso caducado, resolución judicial. El acento no aparece en ningún registro. Segundo detalle incómodo: a un español no se le deporta de España, por raro que le suene la ese. Y tercero: buena parte de quienes hablan aquí con acento rioplatense tienen DNI o pasaporte europeo.
Lo que sí existe es el filtrado por perfil. Se relata, con pelos y señales, el caso andorrano: al terminar la temporada de esquí, los trabajadores extracomunitarios —chilenos, uruguayos, argentinos— disponen de quince días para salir del país. Al día dieciséis, la policía para a quien suena a argentino, pide el visado y, si está caducado, expulsa. El destino habitual de esa expulsión, curiosamente, es España. La causa legal es el permiso vencido. El acento solo sirve de atajo para la sospecha.
La provocación como modelo de negocio
Un canal recién nacido necesita existir, y en el mercado de la atención existir es ser comentado. De ahí que buena parte de la conversación no haya ido a la legalidad sino al reparto: quién financia esta televisión, con qué dinero y a cambio de cuántas pérdidas. Hay quien sostiene que una cadena puede operar en números rojos sin despeinarse mientras cumpla su función de propaganda; si la factura la cubre el erario, la rentabilidad deja de medirse en audiencia. El canal arrastra además un apodo que sus críticos sacan del diccionario —«La Séptica», por aquello de que produce putrefacción— y una lista de marcas a evitar que funciona como termómetro moral.
La reacción del público se partió en dos registros que no se tocan. Uno pregunta por la veracidad y por el sentido común. El otro no discute el fondo: celebra la hipótesis y bromea con listas de deportables donde caben desde tertulianos hasta media plantilla de un equipo de fútbol. Que una medida inexistente active ese entusiasmo dice mucho del clima y muy poco de la capacidad real de la ley para parecerse a eso.
A estas alturas nadie sabe si fue un chiste mal medido, un anzuelo promocional o una declaración en serio. No hay aclaración pública que lo fije. Y sin ella, el análisis se queda donde empezó: en la certeza de que el acento no deporta a nadie y en la sospecha de que confundir ambas cosas es, justamente, lo que el negocio necesita.