Viajar sin avisar al SEPE deja sin paro a 19.000 personas
El SEPE no tiene un radar de fronteras, pero ha dejado sin prestación a 19.000 personas por no comunicar sus salidas al extranjero. La pregunta no es solo cuántos son, sino cómo se han enterado. La respuesta, según el análisis que circula en los círculos de seguimiento del organismo, no pasa por el control policial en tiempo real, sino por los cruces administrativos de datos.
Cómo detecta el SEPE que has viajado sin permiso
La normativa exige que un beneficiario de la prestación de desempleo comunique cualquier salida al extranjero. La razón es que el paro está condicionado a buscar trabajo y a estar disponible para ofertas o cursos. Quien no avisa y se va, incumple esa condición. ¿Pero cómo lo sabe el organismo? Hay varios mecanismos: los cruces de datos con la Policía Nacional en aeropuertos y fronteras fuera del espacio Schengen, las solicitudes de tarjeta sanitaria europea, que activan un aviso automático al SEPE, y la propia renovación de la demanda online, que delata la IP desde la que se conecta el usuario.
Algunos análisis sostienen que el SEPE no recibe el escaneo del DNI en cada embarque, sino que actúa por vía administrativa: citaciones que no se atienden, cursos a los que no se acude, o trámites que se hacen desde el extranjero sin pensar en la geolocalización. El fundamento legal para estos cruces está en el artículo 155 de la Ley 40/2015, que habilita a las administraciones a ceder datos cuando hay una causa justificada, como la lucha contra el fraude en las prestaciones.
La desigualdad en el punto de mira
No es solo una cuestión técnica. El debate deriva hacia quién se controla y quién no. Una corriente sostiene que las prestaciones contributivas son las más vigiladas, mientras que el IMV y las pensiones no contributivas apenas se fiscalizan, y que eso permite que haya quienes cobran ayudas desde sus países de origen. La posición contraria replica que las inspecciones autonómicas han destapado casos de perceptores de IMV que viven fuera, pero que la presión sancionadora se concentra en los parados de origen español, con citaciones en agosto o cursos trampa para cazarlos.
A esta disparidad se suma la sensación de que el sistema es retroactivo hasta el extremo. El caso que circula con insistencia es el de una mujer que viajó a Brasil para operarse y visitar a su familia, y que a la vuelta no solo perdió la prestación, sino que le embargaron la cuenta y le reclamaron todo lo cobrado durante un tiempo. También hay quien denuncia que, en la capitalización de la prestación para montar un negocio, cualquier gasto menor, como un café, puede obligar a devolver los 15.000 euros.
La cifra de 19.000 afectados proviene del titular de la información y, según distintas interpretaciones, sería acumulada a lo largo de una década, con una horquilla anual que algunos sitúan en torno a los 2.000 casos. La reforma legal habría reducido el número de infracciones, pero el debate sigue abierto: ¿es proporcionado quitar la prestación a quien se va una semana a Francia sin avisar? ¿O es simplemente la aplicación de una regla que el parado conoce o debería conocer?
Entre tanto, en los márgenes del debate se comparten abiertamente trucos para esquivar la detección, desde VPN con IP residencial hasta tratar la tarjeta sanitaria europea como una delación a evitar. La pregunta que queda sobre la mesa no es si el SEPE puede saber que te fuiste. Es por qué, con todas las herramientas de control disponibles, la sensación de arbitrariedad sigue siendo tan alta.