El fiscal archivó por prescripción las fotos que salpican a Jorge Fernández
Jorge Fernández no tiene condena. Tampoco tiene un certificado de inocencia: el decreto de la Fiscalía de San Sebastián que archivó el asunto describe unas fotografías de contenido sensual junto a una menor, y solo el paso del tiempo impidió que llegara a juicio. La publicación de un artículo de denuncia firmado por el periodista Melchor Miralles ha vuelto a poner el foco sobre el presentador de La ruleta de la suerte, años después de la condena al fotógrafo Kote Cabezudo.
Qué dice el decreto de archivo
Según el artículo de Miralles, el fiscal Jorge Armando Bermúdez fue contundente en su decreto: en las imágenes aparece Jorge Fernández Medinabeitia con una menor identificada como A.S., ambos desabrigados y en actitud sensual, con un detalle que la resolución considera especialmente grave. La causa no se enjuició porque los hechos habrían prescrito. La existencia de las fotografías, entregadas por el propio Miralles en la Fiscalía el 13 de junio del año anterior, no queda en entredicho; lo que se discute es su calificación jurídica.
El matiz enterró el caso, pero no la pregunta. Si los hechos ocurrieron a finales de los noventa, como sugieren las referencias a la edad de la amiga de la menor, Jorge Fernández tenía entonces 25 o 26 años y ella, 16. En aquel marco legal, se ha argumentado que la edad de consentimiento era de 12 años, mientras que la producción de material prono con menores de 18 ya estaba tipificada. De ahí que el análisis jurídico se mueva entre la legalidad del acto y el delito de su difusión.
Una trama que no se agota en el fotógrafo
Cabezudo fue condenado a cerca de 30 años de prisión por una red de abusos que, según las investigaciones, arranca en 1992. La agencia First Models, de la que era fotógrafo, se convirtió en el punto de captación de modelos. La novedad del caso es que el encausado no era el único cliente: durante la instrucción, el fotógrafo dejó caer que había jueces, empresarios y miembros de la alta sociedad donostiarra grabados en sus vídeos, y el propio Miralles afirma conservar un segundo juego de fotografías con un político socialista que no ha publicado.
El presentador, nacido en 1972, no ha dado explicaciones tras ser citado públicamente. La presión se interpreta en clave de verificación: si la acusación fuera falsa, una querella inmediata habría cerrado el asunto en horas. Su silencio, por contra, alimenta la sospecha. Otra corriente va más lejos y le coloca en el lugar de víctima: un joven modelo de la agencia, sin fama todavía, usado como reclamo por un fotógrafo que controlaba a las chicas y a los chicos.
El chantaje como fondo económico
El caso Cabezudo es también un caso de industria del chantaje. Las fotografías servían para garantizar silencio, carreras y favores. La prespitación de menores tuteladas aparece mencionada en reportajes de El País y Europa Press que se citan como contexto de una red que operaba con impunidad institucional. La madeja no se agota en el fotógrafo: toca a la Hacienda Foral de Gipuzkoa y a un incendio con asesinato posterior que saqueó un despacho, según las referencias cruzadas.
A la fecha de estas informaciones, ni el presentador ni la cadena han dado una respuesta pública contundente. La justicia no le ha juzgado, pero el asunto ya no depende de los tribunales: depende de su respuesta pública. Si no llega, la imagen del hombre al que una ruleta le cambió la vida cargará con un asterisco difícil de borrar.