El precio de la corrección política: 40 infectadas de VIH por no querer ser racistas
En la Polonia de principios de los 2000, un inmigrante camerunés llamado Simon Mol logró tejer una red de relaciones sexuales con más de 300 mujeres, la mayoría activistas de derechos humanos y antifa. El resultado: al menos 40 de ellas contrajeron el VIH. El testimonio de una víctima lo resume todo: "También pensé que sospechar que él me pudiera infectar sería ceder a los estereotipos raciales. Así que lo hicimos sin protección". El miedo a ser tachada de racista pesó más que la prevención.
Los números del desastre: ¿40 o 12?
Las cifras varían según la fuente. Mientras unos elevan a 40 las infecciones confirmadas, otros participantes en el debate las rebajan a 10 o 12, señalando que muchas de las mujeres que se hicieron la prueba dieron negativo. Lo que sí está documentado es que Mol, que se había presentado como un activista perseguido por el racismo institucional polaco, gozó de la protección de la prensa liberal y de organizaciones como Amnistía Internacional. La policía tardó en actuar, lo que permitió que siguiera infectando a nuevas víctimas.
El coste sanitario: de 3.000 a 10.000 euros anuales por paciente
El debate, aunque centrado en un caso antiguo, incorpora un análisis económico directo: el coste del tratamiento del VIH en España oscila entre 3.000 y 10.000 euros al año por paciente, según los datos que se manejan en la discusión. Si aplicamos esa horquilla a las 40 víctimas de Mol, el coste anual acumulado superaría los 120.000 euros, sin contar complicaciones. Pero el dato más inquietante lo aporta un participante: "En España fácilmente habrá más de 10.000 mujeres infectadas por esta dinámica y tal vez ni lo sepan". La extrapolación, aunque no verificada, apunta a un problema sanitario de primer orden.
Un patrón que se repite: Islandia y otros países
El caso de Mol no es único. En Islandia, años después, se registró un episodio similar: un inmigrante africano con VIH que mantuvo relaciones sin protección con decenas de mujeres en Reikiavik. La dinámica se repite en Suecia, Francia, Bélgica o Alemania, donde periódicamente saltan a la luz situaciones análogas. El denominador común: el tabú de señalar al inmigrante como posible portador de enfermedades, lo que desactiva los mecanismos de prevención.
¿Hasta dónde llega el precio de la ideología?
La paradoja es que el mismo activismo que protegía a Mol por su condición de perseguido fue el que facilitó la cadena de contagios. El miedo a ser asociado con estereotipos raciales anuló la precaución básica. Mientras tanto, el coste médico recae sobre los sistemas públicos de salud y, en última instancia, sobre los contribuyentes. La pregunta sigue abierta: ¿cuánto estamos dispuestos a pagar por no ofender?