La apabullante lección de Yolanda Díaz a Vox: Ley Rider

VOX y la ley rider: coherencia bajo sospecha​

¿Cómo se pasa de denunciar que los repartidores eran falsos autónomos a votar en contra de la ley que los convierte en asalariados? Ese es el nudo del debate que ha incendiado el foro de Economía. El sindicato vinculado a VOX, creado en septiembre de 2020, sostenía hace menos de un año que la gran preocupación de los riders era precisamente su condición de falsos autónomos. Cuando el Gobierno, después de que la justicia dictaminara que efectivamente lo eran, impulsó junto a los sindicatos mayoritarios una norma para convertirlos en trabajadores por cuenta ajena, la formación votó en contra. La contradicción, señalada con insistencia, no ha encontrado una explicación convincente.

La ley rider y el giro de VOX​

La secuencia es sencilla de reconstruir. Primero, la justicia española declaró que los repartidores eran falsos autónomos. Después, el Ministerio de Trabajo, con el respaldo de CC.OO. y UGT, tramitó una ley para forzar su contratación como asalariados. Y entonces llegó el giro: VOX, que a través de su sindicato había hecho bandera del problema, votó en contra en el Congreso. El sindicato de la formación, además, está presidido por un diputado andaluz, un detalle que subraya la poca independencia de la estructura.

Hay quien sostiene que el cambio de criterio responde a la lógica de la oposición: votar contra cualquier iniciativa del Gobierno, aunque coincida con lo que se defendía antes. Otros apuntan a que la norma, tal como quedó redactada, perjudica a los propios repartidores. Los datos que manejan los críticos son contundentes: según los tuits que se han ido compartiendo, el 90% de los riders está peor que nunca, los repartidores cobran un 60% menos que antes y se han destruido miles de empleos. Glovo anunció un ERE que afectaría a unos 750 repartidores, cifra que luego se redujo a 436. Uber Eats, por su parte, volvió a repartir con autónomos. Y Francia y Alemania tumbaron la ley rider de la Unión Europea que había impulsado Yolanda Díaz.

¿Quién legisla de verdad para los riders?​

La ministra de Trabajo aparece en el centro del fuego cruzado. Para unos, es una dogmática que ha destruido 180.000 empleos con la subida del salario mínimo y ahora empeora las condiciones de los repartidores. Para otros, es la única que ha movido ficha. La realidad, sin embargo, tiene un tercer protagonista que casi nadie menciona: el Tribunal Supremo. Fue el alto tribunal el que obligó a cambiar la ley, no una ocurrencia del Ministerio. Ese matiz desmonta en parte el relato de que aquí hay una lección de Yolanda Díaz a VOX. La lección, si existe, es al conjunto de los partidos que llevan años mirando hacia otro lado mientras la justicia les empujaba a actuar.

El debate derivó pronto hacia otros frentes: la subida de la luz, el paro juvenil, los precios de la vivienda, la conveniencia de permitir que los riders sigan siendo autónomos con una regulación sectorial adaptada. La pregunta de fondo sigue sin respuesta: si el modelo de falsos autónomos era un abuso, ¿por qué la solución ha dejado a la mayoría peor que antes? Y si no lo era, ¿por qué el Supremo dijo lo contrario?

El fracaso que nadie quiere asumir​

Los números que se han ido acumulando dibujan un escenario incómodo para todos. La norma entró en vigor con la obligación de contratar como asalariados a los repartidores, y el resultado, según los críticos, ha sido una caída de ingresos del 60%, EREs en las principales plataformas y una escasez de repartidores que ya se nota en los pedidos. Las empresas facturan menos, los clientes reciben peor servicio y los trabajadores, en teoría protegidos, ganan menos. El sector, que nació de la nada, parece encogerse por momentos.

La ironía final la firma el propio Supremo: fue él quien puso el cascabel al gato. Los partidos que ahora se atribuyen la defensa del trabajador llegaron tarde y empujados. Y los que se oponen a la norma tampoco pueden reclamar coherencia, porque hace un año decían lo contrario. Con este panorama, la pregunta no es quién ganó el debate, sino quién pagará la factura.