Religión: La cámara de los Lores allana el camino a la ley que permitirá abortar hasta el mismo momento del parto

Los Lores allanan el aborto en casa hasta el mismo día del parto​

La Cámara de los Lores del Reino Unido rechazó una enmienda que pretendía mantener las sanciones penales para las mujeres que se practicaran abortos tardíos. El resultado despeja el camino a una norma que despenaliza el aborto practicado en casa hasta el día mismo del parto. La votación no crea un derecho nuevo en el sistema sanitario, sino que retira la amenaza penal sobre un supuesto que hasta ahora vivía en zona gris. Y ahí empieza el problema: nadie sabe exactamente dónde acaba el embarazo y empieza el parto.

Qué cambia exactamente la votación de los Lores​

El texto aprobado no legaliza el aborto tardío en centros sanitarios: despenaliza el que se produce en casa, sin intervención médica, cuando la gestación llega a su término. La diferencia importa. Hasta ahora, una mujer que abortaba fuera del circuito clínico en fases avanzadas podía enfrentarse a consecuencias penales. Con la enmienda rechazada, esa amenaza desaparece.

Hay quien sostiene que la medida solo blinda a la mujer frente a una persecución judicial desproporcionada. En contra pesa el argumento de que abre una franja cronológica sin cobertura legal clara: el intervalo entre el nacimiento y la mayoría de edad, donde ninguna norma dice quién responde de la criatura. La discusión no es nueva, pero el calendario la ha vuelto urgente.

El límite imposible: cuándo empieza el parto​

La duda que recorre el asunto es técnica y brutal a la vez. Si el momento del parto se considera antes de que la placenta haya salido, la protección del nacido queda en el aire durante minutos decisivos. Si se considera después, la norma llega tarde. Ninguna redacción resuelve esa frontera, y los sistemas jurídicos llevan siglos intentándolo sin éxito.

El cálculo más optimista asume que la práctica clínica real nunca llegará a esos extremos. El escenario pesimista parte de que la ley, una vez escrita, se aplica por lo que dice y no por lo que sus promotores imaginaban. Entre ambos, un dato incómodo: la norma no exige que exista sufrimiento fetal ni malformación alguna. Solo retira la sanción.

De la despenalización al infanticidio: la pendiente que nadie frena​

Una parte del análisis sostiene que la secuencia es previsible. Primero se despenaliza el aborto en fases tempranas, después se amplía el plazo, luego se retira la sanción en casa y, finalmente, alguien planteará que la diferencia entre estar dentro o fuera del vientre es arbitraria. La criatura depende igual de la madre en ambos lados de la tripa.

Frente a eso, la corriente que defiende la medida argumenta que el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo no admite límites impuestos desde fuera. Es la posición que ha ido ganando terreno en las últimas décadas en el mundo anglosajón. La objeción obvia —si el criterio es la voluntad, ¿por qué detenerse en el nacimiento?— queda sin respuesta en el texto aprobado.

El precedente francés y la carrera constitucional​

Francia incluyó hace unos meses el derecho al aborto entre los fundamentales de su constitución. El movimiento marca el camino y explica por qué el debate británico no es un episodio aislado. En España, la reforma constitucional exige una mayoría cualificada de dos tercios de la cámara, y ese es el único freno que ha impedido, hasta la fecha, que el aborto comparta rango con la libertad de expresión o la propiedad.

La paradoja es notable: el derecho a la vida figura en el mismo texto que se quiere ampliar para cubrir su interrupción. Los juristas llevan años señalando la contradicción sin que nadie la resuelva. Mientras, la carrera legislativa avanza por países, y cada aprobación sirve de argumento para la siguiente.

El coste demográfico que nadie quiere mirar​

La natalidad lleva años en caída libre en todo el bloque occidental. Cualquier norma que facilite la interrupción del embarazo en fases avanzadas añade presión sobre una pirámide de población ya invertida. No es un argumento moral, es aritmética: menos nacimientos hoy significan menos cotizantes mañana y más presión sobre pensiones y sanidad.

Quienes defienden la despenalización responden que la demografía no debe condicionar derechos individuales. Es una posición coherente. También lo es preguntarse quién paga la factura de esa coherencia dentro de treinta años. La respuesta, como casi siempre, no estará en el debate parlamentario.

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Con estos mimbres, cabe esperar que la siguiente batalla legislativa no sea sobre el aborto tardío, sino sobre el infanticidio neonatal bajo supuestos médicos o de arrepentimiento materno. La predicción es razonable, aunque conviene tomarla con reservas: los parlamentos sorprenden tanto hacia un lado como hacia el otro, y la resistencia social, aunque silenciosa, no ha desaparecido.