La cesta de la compra se encarece un 36% en un año en España. Hay que cambiar el IPC, no pondera bien la inflación

Un cálculo difundido sostiene que la cesta de la compra sube un 36% anual y que el IPC no lo detecta​

El precio de los alimentos acumula un encarecimiento del 36% interanual, según un cálculo difundido en un foro, y la cesta básica ya se come una parte del presupuesto familiar que hace dos años habría parecido impensable. El gasto medio mensual en alimentación ronda los 440 euros por familia, según las fuentes citadas en ese mismo cálculo. Aplicando ese ritmo de subida, en tres años la factura superaría los 1.100 euros; en cinco, los 2.000; en una década, los 9.300. La aritmética no es alarmismo: es interés compuesto aplicado a la nevera, según quienes defienden esa proyección.

El problema no es solo que todo cueste más. Es que el índice que mide oficialmente esa subida, el IPC, no termina de cuadrar con lo que cada comprador ve en el ticket, según sostienen varios participantes del debate. Y ahí empieza un debate que va mucho más allá del precio del pollo.

El cálculo que no cuadra con la compra semanal​

La primera grieta aparece en la metodología. El IPC se construye con una cesta ponderada de productos y servicios, revisada periódicamente. Esa ponderación decide cuánto pesa cada cosa en el número final. Si la vivienda, el transporte o determinados alimentos básicos pesan menos de lo que pesan en la vida real de una familia, el resultado se queda corto.

Hay quien sostiene que la cesta se ha ido ajustando para que el dato no se dispare. No es una teoría marginal: en el análisis económico circula la idea de que se han ido sacando del cálculo aquellos elementos que más subían, como la vivienda, para que el índice no rompiera el objetivo del 2% que exigen los tratados europeos. La consecuencia práctica es que el IPC sirve para subir pensiones y salarios públicos, pero no para deflactar el IRPF, con lo que el contribuyente paga impuestos por una inflación que el propio índice minimiza.

El resultado es una brecha entre la estadística y la caja del supermercado. Y esa brecha tiene nombre: pérdida de poder adquisitivo silenciosa.

¿Por qué sube tanto la comida si el IPC dice otra cosa?​

Porque el IPC mide una media ponderada, no la compra concreta de nadie. Cada familia tiene su propio índice: quien dedica el 30% de su presupuesto a alimentación nota mucho más una subida del 36% en alimentos que quien solo dedica el 10%. Y en España, con salarios congelados o creciendo por debajo de los precios, ese efecto se multiplica.

El cálculo que circula entre analistas es que la devaluación real de la moneda puede estar entre el 11% y el 13% anual si se suma la pérdida de poder de compra del dinero a la inflación oficial. Es decir, que el dinero vale menos de lo que dice el índice, y el ciudadano lo nota en cada compra.

Los productos más afectados son los básicos: aceite, huevos, carne, lácteos, frutas y verduras. Y no solo suben: en algunos casos, la calidad baja para mantener el precio. Menos producto, peor materia prima, mismo envase. El consumidor paga más por menos.

El gasto se recorta por abajo: menos desayuno en el bar y más ofertas por caducidad​

La respuesta del consumidor es de manual: cuando el presupuesto no da, se recorta lo prescindible. Se deja de desayunar fuera, se eliminan caprichos, se compra marca blanca y se caza la oferta. En algunos supermercados, los productos con descuento por caducidad próxima, esos que antes nadie miraba, ahora vuelan. La demanda de lo barato ha crecido tanto que el propio mercado ha cambiado de comportamiento.

El problema es que ese ajuste no es sostenible indefinidamente. Hay un suelo: no se puede dejar de comer. Y cuando el precio de lo básico sube más que el salario, la única salida es comer peor. Menos proteína, más hidratos. Más pasta, menos pescado. La dieta se empobrece, y con ella la salud pública a medio plazo.

El alquiler añade presión sobre la misma nómina. En muchas capitales de provincia y áreas metropolitanas, una renta ya se come un salario completo. La suma de vivienda y comida deja el margen familiar en cero.

¿Qué se puede hacer? Del control de precios a la revisión del IPC​

Las propuestas que circulan van desde lo inmediato hasta lo estructural. Bajar impuestos a los alimentos, revisar los tramos del IRPF para compensar la inflación, deflactar las tarifas públicas. En el otro extremo, hay quien pide intervenir precios o limitar márgenes comerciales, una medida que en la práctica suele generar desabastecimiento.

La opción más citada es la revisión del IPC. Si el índice no refleja la inflación real, todo lo que se indexa a él (pensiones, salarios públicos, contratos) queda desfasado. Y si además no se usa para deflactar el IRPF, el Estado recauda más sin subir tipos. Es un impuesto silencioso.

El debate de fondo es si el problema es la estadística o la política económica que la usa. Cambiar el IPC no abarata la comida. Pero reconocer que la inflación real es más alta obliga a tomar medidas que hoy no se toman.

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Con estos diferenciales, la presión sobre el consumo debería moderar los precios. No lo está haciendo. Y mientras tanto, cada familia sigue haciendo su propio IPC, el único que le importa, con la calculadora del móvil en la mano.