La derecha proge española bien callada con la censura de visa y mastercard

Visa y Mastercard y la censura de videojuegos: el debate​

En un hilo de foro se debate la presión de las compañías de pagos Visa y Mastercard sobre plataformas de videojuegos que alojan contenido para adultos. Según los participantes, Steam ha retirado de la venta títulos de temática anime y waifu, mientras que Itch.io habría borrado directamente los juegos de las bibliotecas de quienes ya los habían comprado, sin devolver el dinero. La presión, según se afirma en el hilo, viene de Collective Shout, una organización australiana con pocos seguidores en redes que, sin embargo, habría conseguido que los procesadores de pago actúen.

El precedente que se menciona. Varios mensajes señalan que el caso de Detroit: Become Human, un título de gran presupuesto que habría entrado en el punto de mira por una sola escena, demuestra que esto no va de proteger a nadie. Se sostiene que empieza con nichos criticables pero legales —juegos de anime con incesto o contenido explícito— y termina con cualquier producto que no encaje en la retórica de turno. La pregunta que sobrevuela es sencilla: si mañana Collective Shout decide que X no puede cobrar suscripciones, ¿Visa y Mastercard también lo ejecutarán?

Qué es Collective Shout y por qué tiene tanto poder​

Collective Shout es una organización australiana que dice luchar contra la sexualización de menores. Sus cuentas en redes sociales tienen una interacción mínima y mayoritariamente negativa, según los mensajes del hilo. Sin embargo, su capacidad de influencia sobre los procesadores de pago es desproporcionada. Alguien les da la llave, y no parece que sea precisamente el número de seguidores.

El mecanismo que se describe es siempre el mismo: la organización señala un contenido, las plataformas de pago amenazan con retirar el servicio, y la tienda cede. No hay sentencia judicial, no hay ley que lo ampare, no hay debate parlamentario. Solo una amenaza comercial. Como resume un mensaje del hilo: no son una marca, son un duopolio que gana dinero por existir y pasar transacciones.

El doble rasero que se denuncia: menores reales sí, dibujos no​

La paradoja que señalan los críticos es difícil de sostener. La misma organización que celebra la retirada de juguetes de una tienda y critica la ropa para adultos, defendería como «mensaje» la presencia de menores reales en producciones audiovisuales. Es decir: un dibujo con proporciones exageradas es censurable, pero una niña real en pantalla sería arte comprometido.

Ese doble estándar es el que ha encendido las alarmas. Porque si el criterio no es la legalidad sino la estética o la ideología, entonces nadie está a salvo. El melón ya está abierto, y no lo abrió precisamente un gobierno.

La derecha que financia su propia censura​

El argumento más incómodo del debate no apunta a Bruselas ni a Washington. Apunta al bolsillo. Cada compra con Visa o Mastercard, por pequeña que sea, es una transferencia voluntaria de datos y dinero a las empresas que están ejecutando la censura, según se sostiene en el hilo. No hay alternativa real: el duopolio controla la práctica totalidad de los pagos con tarjeta, se afirma.

La paradoja es que quienes más critican la deriva woke son los que menos alternativas usan. El dinero en efectivo no financia a ninguna empresa woke, pero tampoco resuelve el problema de fondo. Las criptomonedas aparecen como la única salida técnica, aunque su adopción masiva sigue siendo una quimera para el ciudadano medio.

Qué pasa si no haces nada​

El precedente de Japón es el más ilustrativo. Tiendas de anime para adultos han tenido que cerrar porque perdieron el soporte de los procesadores de pago. No hubo ley que las prohibiera, no hubo policía que las clausurara. Simplemente dejaron de poder cobrar.

Si eso ha pasado con un nicho, el siguiente paso es cualquier producto que «pueda ofender». Sangre, violencia, mujeres ligeras de ropa, humor incómodo. El criterio no es la legalidad, es la imagen de marca. Y la imagen de marca la define quien grita más fuerte, no quien tiene razón.

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El punto exacto donde esto se atasca es sencillo: nadie ha encontrado todavía una forma de obligar a un procesador de pagos privado a servir a un cliente legal. La ley no lo impide, pero tampoco lo protege. Y mientras tanto, la factura la sigue pagando el mismo de siempre: el que solo quería comprar un videojuego.