La ELECTRICIDAD tiene que ser un MONOPOLIO 100% PUBLICO

Monopolio eléctrico público: la propuesta que reabre el debate energético​

La electricidad más barata del continente. Ese es el punto de partida que esgrime el planteamiento inicial: gracias a las renovables, España habría alcanzado una ventaja competitiva que molestaría a los grandes intereses energéticos internacionales. Sobre esa base, la tesis es contundente: las infraestructuras críticas de un país deben ser propiedad 100% pública, y la electricidad, en concreto, debería producirse desde un monopolio estatal cuyo único objetivo sea generar energía limpia, segura y barata. El precio, sostiene, debería cubrir el mantenimiento de la red y nada más.

El argumento de fondo es que el liberalismo cananeo —así lo llama— no es una broma: dejar la producción eléctrica en manos de multinacionales implica que estas buscarán maximizar beneficios a costa del consumidor, sin importarles la contaminación, el coste final ni la soberanía del país. La conclusión es tan directa como polémica: no se puede hacer negocio con todo, y menos con un servicio esencial.

¿Por qué se pide un monopolio público de la electricidad?​

La propuesta no es nueva, pero el contexto la reaviva. El razonamiento central es que la electricidad no es un negocio cualquiera: es intensiva en capital, tiene enormes costes de reposición de planta y su precio afecta a toda la economía. Un monopolio público permitiría fijar tarifas que cubran costes sin margen de beneficio privado, eliminando la extracción de rentas que, según esta corriente, lastra a familias y empresas.

El ejemplo que se cita es el de la eléctrica francesa, controlada casi en su totalidad por el Estado galo. Su margen de beneficio ronda el 8% de las ventas, y el coste final se sitúa en torno a 0,2€/kWh. Es decir, incluso un operador público necesita cubrir costes, pero no aspira a rentabilidades de dos dígitos. Ese es, precisamente, el modelo que se defiende.

La crítica al oligopolio actual es transversal: no se trata solo de que tres grandes empresas dominen el mercado, sino de que su lógica de maximización choca frontalmente con el interés general. Que el precio de la luz sea el justo para mantener las infraestructuras y ya está, resume el planteamiento.

El contraargumento: la empresa pública española como problema​

La oposición es igual de contundente. El argumento más repetido es que una empresa pública española estaría controlada por el político de turno, y que la experiencia histórica no invita al optimismo. Se citan casos como el de Correos, con pérdidas acumuladas de 1.200 millones de euros en plena época dorada de la paquetería, o el de Telefónica cuando era monopolio público, con las tarifas más caras y el peor servicio de Europa, según esta versión.

La objeción no es solo de eficiencia, sino de incentivos. Sin competencia, sostienen, no hay presión para mejorar, no se rinden cuentas y el enchufismo campa a sus anchas. El resultado sería una empresa sobredimensionada, deficitaria y capturada por intereses políticos, exactamente lo contrario de lo que se busca.

Hay quien va más allá y señala que el problema no es público versus privado, sino quién gestiona. La chusma que hace que las empresas públicas no funcionen, apunta una intervención, es la misma que luego diseña políticas para que el privado de turno no acabe en monopolio. El círculo vicioso, en esta lectura, es perfecto.

¿Es la electricidad un negocio rentable o un servicio esencial?​

Aquí está el nudo del asunto. Los defensores del monopolio público argumentan que la electricidad no debería ser un negocio en absoluto, porque su función es servir, no lucrar. La soberanía energética es una cuestión de seguridad nacional, y depender de intereses privados —o peor, extranjeros— para un insumo básico es un riesgo estratégico que ningún país debería asumir.

Los críticos replican que precisamente por ser un servicio esencial necesita inversión constante, y que sin incentivos de beneficio la inversión se estanca. El caso francés, que se usa como ejemplo por un lado, también se usa por el otro: incluso con respaldo público, la eléctrica gala necesita cubrir costes y no regala la luz.

La discusión deriva hacia el modelo regulatorio. Se menciona que los oligopolios y la fijación de precios son ilegales, y que existen mecanismos para evitarlos. Pero la pregunta de fondo persiste: ¿basta con regular, o hay que cambiar la propiedad?

El trasfondo: desindustrialización, soberanía y precio de la luz​

El debate no se entiende sin el contexto de desindustrialización. Se argumenta que antaño interesaba regular los precios para que la electricidad fuese barata y la industria naciente pudiera competir; hoy, una vez desmantelado el tejido productivo, solo interesa exprimir al consumidor final. La política energética sería, en esta lectura, un reflejo de prioridades cambiantes.

La cuestión de la soberanía recorre todo el intercambio. Se sostiene que la UE lleva años insistiendo en despetrolizar el continente para no financiar a potencias hostiles, y que las renovables son la vía para lograrlo. Pero también se advierte de que la intermitencia de las renovables exige respaldo fósil, y que la hidráulica —infraestructura heredada de otra época— se infravalora por motivos ideológicos.

El precio, mientras tanto, es el dato que todos citan. Unos hablan de 40 céntimos como muestra del desastre actual; otros recuerdan que en términos de poder adquisitivo la electricidad era ocho veces más cara en 1979 que ahora. La comparación depende del marco temporal que se elija, y ambos bandos lo saben.

¿Qué alternativas hay al monopolio público y al oligopolio privado?​

Entre los extremos surge una tercera vía: varias compañías eléctricas públicas, una por región, al estilo de las antiguas cajas de ahorro. La idea es evitar tanto el monopolio único como el oligopolio de tres gigantes, introduciendo cierta competencia sin renunciar a la propiedad pública.

Otra propuesta es la nacionalización pura y dura, recuperando el modelo de empresas públicas históricas. Pero incluso quienes la defienden admiten que el problema no es solo la titularidad, sino la gestión: si lo gestionan igual que el AVE, a los dos días nos estamos alumbrando con velas, ironiza una intervención.

El consenso mínimo que emerge es que el sistema actual no funciona. Unos culpan al mercado; otros, al Estado. Pero la factura de la luz sigue ahí, y nadie parece tener la fórmula que contente a todos.

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Con estos mimbres, la pregunta no es si la electricidad debe ser pública o privada, sino si existe algún modelo que garantice precio bajo, inversión suficiente y gestión honesta al mismo tiempo. La historia reciente de España sugiere que no será fácil encontrarlo.