Formación: La familia de Begoña Gómez paga solo 850 euros al mes a Muface por un ático en el Centro de Madrid.

La familia de Begoña Gómez mantiene alquilado desde hace años un ático de 115 metros cuadrados en el centro de Madrid por 850 euros al mes, una renta muy inferior a la del mercado. El contrato figura a nombre de Sabiniano Gómez, suegro de Pedro Sánchez, fallecido en 2024, y de su hermano Francisco.

El precio de un ático de 115 metros cuadrados en el centro de Madrid puede multiplicar por cuatro la renta que paga la familia de Begoña Gómez. Desde al menos 2015, el inmueble figura arrendado a nombre de Sabiniano Gómez, suegro de Pedro Sánchez fallecido en 2024, y de su hermano Francisco Gómez, según documentos oficiales de Muface. La mutua de funcionarios es la propietaria del inmueble, situado en la calle San Bernardo, junto a la Gran Vía madrileña.

Una renta de 850 euros revisada en 2023

El importe actual consta en una comunicación oficial de Muface fechada el 19 de junio de 2023. Hasta esa fecha, el alquiler era de 9.844 euros anuales, equivalentes a 822 euros al mes. A partir de esa revisión, la renta pasó a 10.247 euros al año, es decir, 853 euros mensuales. La cifra redondeada que se maneja es de 850 euros al mes.

El documento lo firma la jefa del Servicio de Administración Patrimonial del organismo y precisa que el contrato es posterior al 9 de mayo de 1985. Ese detalle importa: los arrendamientos anteriores a esa fecha permiten al inquilino residir en la vivienda hasta su fallecimiento e incluso trasladar la titularidad al cónyuge, con actualizaciones limitadas al IPC. Este no es el caso.

La actualización de 2023 se hizo aplicando el IPC, según la misma comunicación. No hubo, por tanto, una negociación al alza ni una adecuación a los precios de la zona.

Qué se puede alquilar en Madrid por ese dinero

Para hacerse una idea, por 850 euros al mes el mercado ofrece actualmente en Madrid un estudio de 28 metros cuadrados con vistas a un patio interior, situado en un primer piso. El ático en cuestión tiene 115 metros cuadrados y vistas a los edificios más emblemáticos del centro.

La zona está considerada tensionada en el mercado del alquiler, con precios disparados. Un inmueble de esas características puede cuadruplicar esa renta mensual. Otras estimaciones sitúan el alquiler de mercado de una vivienda similar entre 3.500 y 4.500 euros al mes.

El contrato se remonta a 1986, cuando la renta equivalía a 272 euros mensuales. Casi cuatro décadas después, apenas alcanza los 900 euros. La diferencia entre lo que se paga y lo que costaría alquilarlo hoy es, en términos económicos, el núcleo del asunto.

Tres inmuebles y casi cuatro décadas de gastos

La familia Gómez mantiene en alquiler tres inmuebles en el mismo edificio de San Bernardo 38: un local comercial, un primer piso y el ático de la sexta planta. Muface ha sufragado durante casi cuatro décadas los gastos derivados del mantenimiento del edificio, desde pequeñas reparaciones hasta obras de mayor envergadura, con un coste superior a 200.000 euros.

Ese detalle añade una capa al cálculo: no solo la renta es baja, sino que los costes de conservación del inmueble los asume la mutua propietaria. En un contrato de arrendamiento ordinario, muchas de esas obras corresponderían al arrendador, pero la magnitud acumulada durante tanto tiempo es lo que llama la atención.

Muface es la mutualidad que gestiona la asistencia sanitaria de los funcionarios públicos. Que sea la propietaria del edificio y, a la vez, la que fija la renta que paga una familia vinculada al presidente del Gobierno es lo que ha convertido este caso en materia de debate público.

Un contrato que no es de renta antigua

La clave jurídica está en la fecha. Los contratos anteriores al 9 de mayo de 1985 están sujetos a un régimen especial que prorroga el arrendamiento hasta el fallecimiento del inquilino y permite el traslado de la titularidad al cónyuge, con actualizaciones conforme al IPC. El contrato del ático es posterior a esa fecha, según el propio documento de Muface.

Eso significa que se rige por la legislación de arrendamientos urbanos posterior a 1985, que permite actualizaciones de renta y tiene plazos y condiciones distintos. La revisión de 2023, por tanto, no es una excepción ni un privilegio derivado de una norma antigua: es la actualización ordinaria de un contrato vigente.

La pregunta que sobrevuela el asunto es por qué un organismo público mantiene durante décadas un alquiler muy por debajo de mercado en una de las zonas más caras de Madrid. La respuesta, por ahora, está en los documentos: porque el contrato se firmó así y las revisiones se han limitado al IPC.