El Supremo y el voto de los 'nietos': la batalla por el censo electoral
Dos millones de personas podrían quedarse sin votar en las próximas elecciones generales. La decisión del Tribunal Supremo de revisar las nacionalizaciones concedidas por la 'ley de nietos' ha provocado un terremoto político. Hay quien lo celebra como un freno a una maniobra de manipulación censal. Hay quien lo ve como la supresión de un derecho fundamental.
El origen está en una ley creada para reparar un agravio histórico: los descendientes de exiliados de 1936 a 1955 podían obtener la nacionalidad si demostraban su vínculo. Pero su aplicación se ha ido relajando hasta incluir a personas que nunca han pisado España. El Supremo, según esta corriente, exige verificar que los solicitantes son realmente descendientes de exiliados políticos.
La maniobra del censo electoral
Otro argumento de quienes aplauden la decisión: la posibilidad de que esos nuevos ciudadanos fueran asignados a provincias clave para alterar el resultado de las elecciones. Se ha llegado a hablar de dos millones de votos potenciales, una cifra que en un sistema proporcional puede decantar gobiernos. El voto por correo y los residentes fuera de España también están en el punto de mira.
¿Derecho a votar sin residencia?
La discusión de fondo es qué requisitos deben cumplirse para votar. ¿Basta la nacionalidad o hace falta vivir en el país y pagar impuestos? La idea de que el voto debe estar ligado al pago de impuestos - el lema 'taxation with representation' - resuena entre los críticos, mientras que los defensores de la ley recuerdan que el voto es un derecho que no debería supeditarse a la fiscalidad. La experiencia de países como EE.UU., donde la residencia fiscal y el voto van ligados, se cita como contraejemplo.
Este debate no se limita al censo. Detrás está la desconfianza en el Gobierno y en su plan para retrasar las elecciones. Se menciona el 'estado de alarma' como instrumento para evitar comicios, pero la ley orgánica de 1981 solo permite esta figura en casos tasados: catástrofes, crisis sanitarias, paralización de servicios esenciales o desabastecimiento. No es una vía para suspender derechos ni para aplazar el calendario electoral.
La pregunta queda abierta: si los 'nietos' que nunca han vivido en España no pueden votar, ¿cuántos otros residentes en el extranjero deben también perder ese derecho? La respuesta dividirá a los partidos en el próximo ciclo electoral.