Ceuta al límite: la inmigración y el precio de una frontera dependiente
Basta con que Alberto Núñez Feijóo se dé un paseo por Ceuta para que, según algunas voces, la presión migratoria se disuelva como por arte de magia. La anécdota, que circula estos días en las redes, ejemplifica una conversación cada vez más enconada sobre la viabilidad de la ciudad autónoma. Mientras tanto, el titular que recorre la actualidad es contundente: Ceuta ya no puede vivir, y el resto de España podría seguir el mismo camino. Solo los muy ricos, se argumenta, podrán escapar.
La seguridad de la frontera con Marruecos se ha convertido en un asunto de Estado, o al menos en un arma arrojadiza. Hay quien sostiene que la solución pasa por una respuesta firme del Ejecutivo; otros señalan que la verdadera dueña de la llave es Marruecos, y que la visita de cualquier político es un parche, no una política. Entre medias, la pregunta incómoda: si la defensa de Ceuta depende de la voluntad del vecino, ¿para qué se pagan impuestos? Las críticas apuntan al Ejecutivo y a la oposición, y no faltan quienes piden directamente la ilegalización del PSOE.
El fondo socioeconómico no admite triquiñuela. La presión sobre vivienda, sanidad y empleo en una ciudad pequeña con una frontera permeable es real, y el discurso del colapso encuentra eco fácil. Pero confundir la percepción con el dato, o convertir la crisis migratoria en un conflicto partidista, solo asegura que el problema siga sin nombrarse con honestidad. A día de hoy, nadie ha explicado por qué la soberanía de una de las dos ciudades autónomas españolas depende de la agenda electoral marroquí.