La Gestapo de Madrid golpeando a las activistas que quieren parar el deshaucio de plumarmen >:(

Ilustración editorial: edificio del Retiro, comisión judicial y cordón policial en el desahucio de renta antigua en Madrid

500 € al mes en el Retiro: el cuarto desahucio de Maricarmen​

¿Cómo se llega a pagar 500 euros al mes por un piso en el barrio del Retiro de Madrid? Según la versión que circula en el debate, con un contrato firmado antes de que la ley cambiara el mercado del alquiler. Maricarmen, 87 años y en silla de ruedas, afrontaba este miércoles su cuarto intento de desahucio en la calle del Alcalde Sainz de Baranda. A las 7.30 los agentes empezaron a despejar la vía sacando a los manifestantes uno a uno; a las 9.20 llegó la comisión judicial. La escena se convirtió en plató de televisión.

Un contrato de 1956 y tres subrogaciones​

Según expone un participante en el debate, el origen es un arrendamiento de renta antigua firmado por su padre en 1956, con prórroga forzosa y protección fuerte, anterior al Decreto Boyer de 1985. Al morir el padre, en los años sesenta, se habría subrogado la madre; al morir esta en 2005, Maricarmen. La renta se actualizaría solo con el IPC y el IBI, alrededor de 500 euros al mes. Los contratos previos al 9 de mayo de 1985 se rigen por la LAU de 1964.

La noche en vela y el pulso sobre a quién obedece la policía​

Unos 100 manifestantes pasaron la noche frente al portal y otros 300 se sumaron al amanecer, entre vecinos y miembros del Sindicato de Inquilinas. El cordón incluyó antidisturbios y una quincena de vehículos policiales. Sobre quién dio la orden circulan versiones enfrentadas: una parte sitúa la operación en la Delegación del Gobierno y otra la atribuye al marco autonómico y municipal. Ninguna de las dos se sostiene sin documentación. Hay quien contrapone esta renta a otros alquileres institucionales muy por debajo de mercado, y quien recuerda que el Código Penal castiga retirar del mercado productos de primera necesidad.

Nadie ha explicado aún cuántos intentos más caben. La ley que hizo posible ese contrato de 1956 lleva cuatro décadas sin replicarse. Será que algo aprendimos.
💬 LO QUE DICEN LOS FOREROS
«Su padre firmó el contrato de alquiler en 1956 (contrato de «renta antigua», anterior al Decreto Boyer de 1985). Era un contrato con prórroga forzosa y protección fuerte.»
— Klapaucius · Origen del contrato
«8 años de gobierno progresista, pero la culpa es de vox, ayuso y franco.»
— Klapaucius · Reparto político de responsabilidades
«El que detrajere del mercado materias primas o productos de primera necesidad con la intención de desabastecer un sector del mismo, de forzar una alteración de precios, o de perjudicar gravemente a los consumidores, será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años.»
— Alphalinx_777_ · Tipificación penal de la especulación
📊 OPINIONES
Peso aproximado de cada postura en el debate. No es una encuesta.
Frenar el desalojo y garantizar realojo40%
La renta antigua es un privilegio45%
Culpa del marco legal, no de nadie15%
📌 DATOS
Contrato de renta antigua firmado en 1956, anterior al Decreto Boyer de 1985
Renta actualizada con IPC e IBI: alrededor de 500 € al mes
Unos 400 manifestantes: 100 de noche y 300 sumados al amanecer
Una quincena de vehículos policiales y antidisturbios en el cordón
📅 EVOLUCIÓN
1956 El padre firma el contrato de renta antigua, con prórroga forzosa y protección fuerte
Años 60 Tras la muerte del padre, la madre se subroga en el contrato
2005 Muere la madre y Maricarmen se subroga; la renta se actualiza con IPC e IBI
Cuarto intento de desalojo Acampada de unos 100 manifestantes, despeje policial desde las 7.30 y llegada de la comisión judicial a las 9.20
🔗 FUENTES
El País ↗
Cobertura del operativo y de la acampada vecinal
The Objective ↗
Datos sobre alquileres institucionales comparados
💬 POR QUÉ PARTICIPAR
El desglose del contrato permite seguir tres subrogaciones —padre, madre y titular actual— y entender por qué la renta quedó anclada al IPC y al IBI
El cruce de cifras entre pensión y alquiler sitúa el margen mensual real de una mujer de 87 años con discapacidad reconocida
Aparece la discusión sobre qué administración dio la orden policial, con versiones que apuntan a la Delegación del Gobierno y a la Comunidad de Madrid
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