Dice que no sabía: la zona tenía 51 homicidios por cada 100.000
¿Cuánta responsabilidad carga una universidad cuando manda a una alumna a una región donde la probabilidad de morir asesinada multiplica por decenas la española? Claudia Tacoronte, estudiante española de 21 años, fue asesinada durante una estancia en México. Su hermana grabó un vídeo, difundido por medios como The Objective, en el que pide que no se normalice la violencia contra las mujeres. Y el dato que sobrevuela el caso es este: la zona donde estaba la joven registra una tasa de homicidios que convierte a España en un lugar casi idílico por comparación. La Universidad de Granada, que mantenía un programa de intercambio con ese centro, lo ha suspendido.
Cuautla frente a España: 51 homicidios por cada 100.000 habitantes
Los números, puestos en fila, no dejan mucho espacio a la interpretación. Cuautla, en el estado de Morelos, acumuló 99 homicidios en un año para una población de 193.000 personas, lo que arroja una tasa de 51 por cada 100.000 habitantes. España, con unos 370 homicidios y 50 millones de habitantes, se queda en 0,74. El diferencial ronda un factor de setenta.
Tradúzcalo a lenguaje llano: morir asesinado en esa región es decenas de veces más probable que en cualquier ciudad española. Quien sostiene que el riesgo era evitable añade un matiz: una estudiante europea, con más dinero que la media local y hábitos de autoprotección distintos, sería un objetivo especialmente atractivo. El desglose fino de ese riesgo corregido por perfil, partida a partida, es justo donde el asunto se vuelve incómodo.
Qué sabía la universidad antes de firmar el intercambio
La versión de la institución académica es que solo se le informó de un «aumento de la violencia» en la zona, no de una cadena de asesinatos de estudiantes. La suspensión del programa llegó, según esa misma versión, cuando el caso ya era público. Hay quien lee ahí una falta de diligencia: un convenio con un centro ubicado en una región con esa tasa de homicidios debería incluir protocolos, alertas y, como mínimo, información transparente a las familias.
En el otro platillo de la balanza pesa un argumento incómodo pero legítimo: la estudiante tenía 21 años, edad para votar y para decidir, y los programas de movilidad no son tutelas. Entre ambas posiciones no hay un término medio sencillo, y quien lo promete está vendiendo humo.
Varios asesinatos de mujeres en el mismo campus
Uno de los puntos que la familia y parte de la opinión pública subrayan es la acumulación de casos. Se ha apuntado que en ese centro universitario se han registrado varios asesinatos de mujeres en pocos meses. Ese patrón, si se confirma, desplaza el foco desde la fatalidad individual hacia el diseño de los intercambios: las universidades gestionan convenios, no folletos turísticos. Y a nadie le gusta leer la letra pequeña.
La pregunta no es si México es peligroso. La pregunta es por qué a una institución pública le cuesta tanto admitir lo que cualquier mapa publicaba con dos clics. El programa de intercambio ya está suspendido. La prudencia, al parecer, solo cotiza a toro pasado.