La jueza de la DANA quiere conocer las medidas del comedor del Ventorro.

La jueza de la DANA pide las medidas del comedor de El Ventorro​

Una sala. Unas medidas. Una factura. La jueza que instruye el caso de la DANA en Valencia ha reclamado al restaurante El Ventorro las dimensiones exactas del comedor donde comieron el expresidente de la Generalitat Carlos Mazón y el exconsejero Salomé Pradas —según las informaciones que circulan— y la factura de aquel mediodía. La petición, filtrada a un medio de comunicación, ha desatado una tormenta de réplicas: desde el chascarrillo sobre si pidieron café con azúcar o sacarina hasta la sospecha de que la instrucción busca un relato antes que un delito.

El caso acumula ya más de un año de instrucción. La cifra que sobrevuela todo el asunto es la de 229 muertos, el balance que se repite en cada conversación sobre la gestión de la riada. Y en ese contexto, que la jueza pregunte por la superficie de un comedor suena, para una parte del público, a despropósito. Para otra, es la letra pequeña que desmonta coartadas.

Qué se investiga y qué no en el caso de la DANA​

La lista de lo que, según las críticas, no se está investigando es larga: los proyectos aprobados y redactados hace dos décadas que nunca se ejecutaron, el estado de los cauces convertidos en vertedero, la construcción en zonas catalogadas como inundables, la cadena de órdenes desde el ministerio hasta el funcionario que abrió las compuertas, las atribuciones de las confederaciones hidrográficas. Frente a eso, la diligencia sobre las medidas de un comedor y el ticket de la comida aparece como una anomalía.

Hay quien sostiene que la jueza no busca un delito, sino un relato: reconstruir la cronología de aquel día para saber quién sabía qué y cuándo. La hora de salida del aparcamiento, el tique del parking, la factura del restaurante —todo sirve para fijar una línea temporal que las versiones oficiales habrían ido moviendo. La defensa de esa línea argumental es que las mentiras, si existen, se desmontan con papeles, no con discursos.

En el otro extremo, la acusación de sesgo es explícita. Se recuerda que la Fiscalía del TSJ no ve indicios suficientes para investigar a Mazón y pide que la causa se quede en Catarroja. Y se compara esta instrucción con otras: mientras aquí se piden las medidas de una sala, en otro juzgado se reclamaban correos de una cuenta oficial. La doble vara de medir es el reproche más repetido.

¿De qué depende que una riada cause 229 muertos?​

El núcleo técnico del asunto queda casi siempre en segundo plano. Un servicio de emergencias debe funcionar al 100% con independencia de dónde esté el presidente autonómico. Existen protocolos, existen profesionales de guardia, existen confederaciones hidrográficas y una agencia estatal de meteorología. Si el responsable político estaba localizable o no, la pregunta incómoda es cuánto cambiaba eso la cadena de decisiones.

La respuesta que se repite es incómoda para todos: probablemente nada. Si en lugar de estar en una comida hubiera estado en una reunión en Madrid, el resultado habría sido el mismo. Esa conclusión, que exculpa al político de la cadena causal, no exculpa al sistema. Y ahí es donde el foco vuelve a los organismos que sí tenían competencias: los que veían en pantalla un caudalímetro desaparecer, un millón de litros por segundo, un barranco sin dragar.

El detalle del caudalímetro es el que más inquieta a quien mira los datos y no los telediarios. Si un sensor se cae de un sistema de alerta y nadie reacciona, el fallo no es de quien comía fuera. Es de quien tenía el turno.

El tique del parking y las versiones que se desmontan​

La instrucción ha ido acumulando documentos que, según quienes siguen el caso, contradicen versiones sucesivas sobre la llegada de Mazón al Palau de la Generalitat. El tique del aparcamiento, la factura del restaurante, la hora de salida. Cada papel ha ido estrechando el margen de una narración que se habría ido corrigiendo sobre la marcha.

La pregunta que queda en el aire es por qué esos documentos no se pidieron antes. Ha pasado más de un año. Que ahora se reclame la factura de una comida y las medidas de una sala sugiere que la instrucción avanza por acumulación de detalles, no por una tesis clara. Y eso, en un caso con 229 muertos, es lo que más irrita a quien esperaba respuestas rápidas.

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Queda el dato que descoloca: la Fiscalía no ve indicios suficientes para investigar al expresidente y quiere que el caso se quede en Catarroja. La jueza, mientras tanto, sigue midiendo el comedor. Alguien tendrá razón. Pero los 229 muertos no vuelven con ninguna de las dos versiones.