Un juez anula la obligación de Trump de comprar comida sana con food stamps
Un tribunal federal ha bloqueado la normativa impulsada por la administración Trump que pretendía restringir el uso de los cupones de alimentos (SNAP) a productos considerados saludables. La jueza argumentó que el poder para definir los requisitos del programa reside en el Congreso, no en el Ejecutivo, con lo que la medida excedía las atribuciones del Departamento de Agricultura.
La decisión ha reavivado el debate sobre los límites del intervencionismo estatal en los hábitos de consumo de los beneficiarios de ayudas públicas. Quienes apoyan el fallo sostienen que, por muy nociva que sea la comida ultraprocesada, el gobierno no puede imponer una dieta a los ciudadanos que reciben asistencia. El precedente sería peligroso: si mañana un Ejecutivo decidiera que lo adecuado es consumir insectos o alimentos ecológicos, estaría usando el SNAP como herramienta de ingeniería social.
En el lado opuesto, hay quien defiende que, al tratarse de dinero público, es legítimo condicionar su uso a pautas de salud pública. La epidemia de obesidad y diabetes en Estados Unidos, especialmente entre las rentas bajas, justificaría medidas como la de Trump. Sin embargo, el tribunal ha dejado claro que la batalla la debe librar el legislativo.
El fallo no prohíbe a los estados establecer sus propias restricciones, pero tumba la imposición federal. Mientras tanto, los beneficiarios de food stamps pueden seguir usando sus vales en refrescos, dulces y snacks, para alivio de la industria alimentaria y de los defensores de la libertad de elección, aunque la polémica está lejos de cerrarse.