La mujer del comisionado socialista que se intentó dar de baja tampoco acredita su título , se ha embolsado 720.000 fraudulentamente sólo en sueldos.

La mujer del comisionado cobró 720.000 euros sin acreditar el título​

El caso estalla por un papel que nunca existió. La mujer del comisionado socialista —el alto cargo que, según las informaciones publicadas, protagonizó un episodio presentado como intento de suicidio y que un psiquiatra descartó como tal— tampoco acredita la titulación que exige su plaza. La Diputación de Valencia le dio un plazo que expiraba este lunes para demostrar el título. No lo demostró. Y ahí empieza la cuenta: 720.000 euros embolsados durante nueve años, según el tuit que abre el asunto.

La plaza es de las que duelen. 87.754 euros anuales por un puesto de subdirectora del MuVIM, el Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad, con una condición que se da por hecha en cualquier oposición: ser A1, es decir, tener carrera universitaria. La interesada, según lo que circula, no pasa del graduado escolar. Ni bachillerato. Nueve años cobrando como si lo tuviera.

¿Cómo se llega a una plaza A1 sin carrera universitaria?​

Porque alguien firma. Ese es el nudo del asunto y lo que más incomoda en el material disponible. No hay oposición, no hay examen, no hay tribunal: hay un nombramiento. Un cargo de libre designación donde se presenta un currículum, se pasa una entrevista y ya. Si además hay fase de concurso, el baremo se ajusta al candidato que se quiere enchufar. La pregunta que sobrevuela todo el caso no es cómo lo hizo ella, sino quién no comprobó el título durante nueve años. Un jefe de personal que valida una A1 sin titulación no es un despistado: es parte del mecanismo.

La defensa del sistema se cae sola. Si el nombramiento es nulo de pleno derecho, nunca existió y no puede generar derechos. Esa es la teoría. La práctica, en palabras que resumen bien el escepticismo general, es que hacen lo que les da la gana y se inventan algo para salvar a la tipa. Y ahí está el detalle que indigna más que la cifra: los servicios jurídicos estudian si nueve años en el cargo consolidan derechos. Es decir, si al degradarla hay que ofrecerle otro puesto con el mismo rango retributivo. Cobrar fraudulentamente durante casi una década y salir con el sueldo blindado.

El precedente que nadie quiere mirar​

No es un caso aislado y el material lo deja claro. La presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, acumulaba doce cargos entre instituciones y empresas. Ese caso sí salió en prensa. La sospecha que flota es la de siempre: solo se publica lo que conviene, y lo que conviene depende de quién gobierne la institución que paga. Cuando el acumulador es del partido de enfrente, escándalo; cuando es del propio, silencio administrativo.

Hay quien lleva la cuenta a nivel de toda la administración: diputaciones con personas acumulando hasta diez puestos, con asignaciones de 15.000 euros por cargo, 150.000 al año sin despeinarse. La propuesta que circula es sencilla y barata: una auditoría de todos los títulos académicos que han servido para nombrar funcionarios en comunidades, diputaciones y ayuntamientos. Un grupo de inspectores verificando uno por uno. El pronóstico es que íbamos a flipar.

El relato del suicidio que un psiquiatra descartó​

El episodio del comisionado merece párrafo aparte porque condiciona la lectura de todo lo demás. Un médico psiquiatra, José Carlos Fuertes, descartó que lo sucedido fuera un intento de suicidio: lo calificó como una forma de llamar la atención y buscar la disculpa. La secuencia —investigación abierta, episodio presentado como intento, jubilación anunciada— deja un regusto amargo. La subdirectora del MuVIM anunció su jubilación tras conocerse la investigación, y hay quien lo lee como la salida más limpia posible: cobrar el mes entero, irse y que no pase nada.

La comparación que más se repite no es con un político elegido en las urnas. Un diputado o un alcalde sin título es feo, pero lo votaron. Esto es distinto: alguien sin la capacitación exigida ocupando un puesto técnico de máxima responsabilidad, cobrando de lo público como si hubiera ganado la plaza. Es como poner de médico de cabecera a quien no tiene la carrera. La diferencia entre un cargo electo y un enchufe fraudulento es toda la diferencia del mundo, y el material insiste en ella.

Qué se juega el contribuyente​

La asimetría fiscal cierra el círculo. A un parado que se olvida de un papel le hacen devolver todo lo cobrado. Aquí hablamos de 720.000 euros en sueldos que no correspondían y la discusión pública es si consolidó derechos. Que devuelva hasta el último céntimo y que la falsificación de documento público tenga consecuencias penales es la posición más repetida, y no parece descabellada. El escarmiento, se argumenta, es lo único que hace que el siguiente se lo piense dos veces.

Queda un cabo suelto que el material no resuelve: la pareja. Él, el comisionado del episodio psiquiátrico; ella, la subdirectora sin título. Décadas los dos cobrando de lo público sin la capacitación exigida. La cuenta de Twitter de ella desapareció. Y la sensación general es que se van a jubilar y no les va a pasar nada.

La predicción, con todas las reservas: si los servicios jurídicos encuentran la fórmula para consolidar derechos, este caso se convertirá en el manual de instrucciones para el próximo. Si no la encuentran, seguirá siendo un escándalo de verano que se apaga solo. En cualquiera de los dos escenarios, el que paga es el mismo.