La Policía denuncia que el Gobierno le aparta de la regularización de forasteros y advierte de las consecuencias

La Policía, fuera de la regularización masiva: ¿riesgo o pelea burocrática?​

El BOE publicó el miércoles el Real Decreto que regularizará a más de 500.000 inmigrantes en situación irregular, según estimaciones del Gobierno. El texto deja a la Policía Nacional en un papel secundario: solo intervendrá si los funcionarios de las Oficinas de Extranjería detectan anomalías. El Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la JUPOL han denunciado que se les aparta del proceso, advirtiendo de que se pierde capacidad real para cruzar información, verificar antecedentes y detectar fraudes documentales.

El reparto del pastel administrativo​

La centralización en las Oficinas de Extranjería, dependientes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha abierto una guerra entre ministerios. Mientras Interior reclama el control, desde el otro lado se argumenta que la queja policial no es de seguridad nacional, sino una disputa por recursos y presupuesto. "La regularización masiva es un negocio administrativo", apunta un análisis interno: quien gestiona el papeleo controla los flujos de personal, las contrataciones y la relación con ONGs. La pregunta es si la eficiencia y la seguridad pueden sacrificarse en esta pugna.

¿Declaración responsable de antecedentes?​

Uno de los puntos que más polvareda ha levantado es la posibilidad de que baste una declaración jurada del interesado sobre sus antecedentes penales, sin verificación por parte de la Policía. "¿En serio van a pedir los antecedentes penales emitidos por el país de origen para regularizar?", se pregunta un sector crítico, que ve una vía libre para que delincuentes limpien su historial. Otros responden que los sindicatos policiales exageran y que el sistema de verificación documental ya existe, aunque con menos capacidad que la que tendría la Policía.

Reacciones encontradas: seguridad vs. eficacia​

Las posturas están claramente divididas. Por un lado, quienes ven la medida como una "operación criminal" que permitirá regularizar a delincuentes y violadores, con un fuerte componente alarmista. Por otro, quienes reducen el conflicto a "pelea de gallos" entre funcionarios por el control del chiringuito, señalando que la seguridad nacional es una excusa. Entre medias, voces que denuncian la chapuza del proceso, pero también las que recuerdan que la Policía ya colabora en la práctica.

La ironía es que mientras el Gobierno presume de ordenar el flujo migratorio, la principal herramienta de control —la Policía— queda relegada. El resultado final dependerá de si la burocracia es capaz de suplir la inteligencia policial. Dados los precedentes, no parece un pronóstico optimista.

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