La progenitora de Noelia dice ahora que la chica NO cumplia los requisitos para la eustaquia

La madre de Noelia sostiene que la joven no cumplía los requisitos​

La madre de Noelia sostiene ahora que su hija no estaba en etapa terminal, no sufría dolor y no padecía una enfermedad degenerativa. Es decir, que no era candidata a la eutanasia. La afirmación, difundida en redes, supone un giro de ciento ochenta grados respecto al relato que acompañó al caso, y abre la pregunta incómoda: si no cumplía los requisitos, ¿quién los validó y con qué criterio?

El caso de Noelia vuelve al primer plano con un cambio de versión que nadie había anticipado. La madre pide ahora a Feijóo que elimine la eutanasia y sostiene que su hija no reunía las condiciones legales para acceder a ella. La reacción mayoritaria no ha sido de sorpresa, sino de sospecha: se apunta a un interés económico, a una fundación pendiente de financiación o a un sentimiento de culpa tardío.

Qué dice exactamente el nuevo testimonio​

El núcleo del giro es concreto: la joven no estaba en fase terminal, no presentaba dolor y no tenía diagnosticada una enfermedad degenerativa. Son tres de los supuestos que la ley contempla para autorizar una eutanasia, y los tres se niegan de golpe. Si eso es cierto, el procedimiento que se aplicó quedaría sin base, y los responsables —los comités que evalúan y autorizan— tendrían que rendir cuentas.

La petición a Feijóo añade una capa política al asunto: se pide derogar la norma, no solo revisar un expediente. El problema es que la revisión de un caso concreto y la derogación de una ley son cosas distintas, y mezclarlas suele servir para no responder a la primera.

El TLP, el TOC y el debate sobre la patología psiquiátrica​

Una parte del análisis se desplaza al terreno clínico. Se describe a Noelia con un trastorno límite de la personalidad (TLP) y un trastorno obsesivo compulsivo (TOC) con ideaciones suicidas, sin tratar. Hay quien sostiene que esa combinación convierte la convivencia en un infierno y que el sistema no trató la patología de base. En contra pesa el argumento de que un trastorno psiquiátrico sin tratar no equivale a una enfermedad terminal, y que precisamente ahí debería haber actuado la evaluación previa.

La discusión sobre el TLP se extiende a su origen: se apunta a traumas infantiles y a dinámicas familiares disfuncionales que se reproducen de una generación a otra. Es una hipótesis, no un diagnóstico, y conviene tratarla como tal.

El dinero: indemnizaciones, fundaciones y sospechas​

El segundo gran eje es económico. Se menciona una indemnización de 16 millones —de pesetas, según el contexto del caso— por un accidente anterior, y se discute si llegó a cobrarse o si la burocracia la bloqueó. La discrepancia es total: unos afirman que se denegó por plazos, otros que se fijó en el tribunal correspondiente. Nadie aporta la sentencia.

A eso se suma el anuncio de la madre de crear una fundación. La frase «ahora no tengo medios» se lee en clave de petición de dinero, y alimenta la tesis de que el objetivo final es captar ayudas y subvenciones. Es una sospecha, no un hecho probado, pero circula con fuerza.

El vídeo, las hermanas y el padre​

Un vídeo difundido por la propia madre se usa para mostrar el otro lado: la frialdad con la que la joven, según ese relato, decía que lo haría por su cuenta si no conseguía la eutanasia, y su falta de empatía hacia el resto de la familia. Se menciona también que esperó dos horas apoyada en la barandilla del piso de su padre para que él la viera saltar.

Las hermanas aparecen como las grandes perjudicadas, ajenas al conflicto y con una vida por delante. Sobre el padre se acumulan acusaciones —alcoholismo, dejarlas esperando fuera de bares, no pagar su parte de la hipoteca, dar el alta del psiquiátrico a espaldas de la familia— que se formulan como presuntas y sin sentencia.

El comité que decide y la pregunta que queda abierta​

Si la joven no cumplía los requisitos, la responsabilidad se desplaza a los comités de garantía que evalúan y autorizan. Se apunta a que esos órganos están formados por personas favorables a la eutanasia y que cobran por ello, lo que introduce un conflicto de interés estructural. Es una acusación sin prueba documental en el material disponible.

El caso deja una paradoja sin resolver: una ley que exige requisitos estrictos, un procedimiento que los validó, y una madre que ahora dice que no se cumplían. ¿Quién evaluó, qué escribió y por qué nadie lo revisó antes?