La Seguridad Social culpa a un robot de firmar el certificado que aseguró que Plus Ultra no tenía deudas.

Seguridad Social: el certificado de Plus Ultra lo firmó un robot​

¿Puede un robot prevaricar? La pregunta sonaba a chiste de sobremesa hasta que alguien la puso por escrito en un expediente. La Seguridad Social sostiene —según las versiones publicadas— que el certificado de corriente de pago que declaró a Plus Ultra al corriente de sus obligaciones no lo firmó ninguna persona: lo emitió un automatismo. Una firma sin firmante. La culpa, dicen, es del software.

El certificado de corriente de pago es el papel que acredita que una empresa o un autónomo no arrastra deudas con la Seguridad Social. Se pide para licitar, para cobrar una subvención, para contratar con la administración. Y desde 2023 se expide de forma automática: sin funcionario, con huella electrónica y un Código Seguro de Verificación (CSV). Ese es el eje real del caso.

Qué es un certificado de corriente de pago y qué no es​

Conviene separar dos documentos que el ruido mezcla. Un certificado de estar al corriente de pago no es una resolución de concesión de aplazamiento. Son piezas distintas, con responsables distintos y naturaleza jurídica distinta.

Uno de los efectos de tener un aplazamiento en vigor es que el deudor pasa a considerarse al corriente de pago. Y así constará en todos los certificados que se expidan mientras el aplazamiento siga vivo. El resultado: cualquier empresa o autónomo con un aplazamiento concedido obtiene exactamente el mismo papel que Plus Ultra, el de «sin deudas pendientes». No es una anomalía del sistema, es cómo está diseñado el sistema.

La expedición del certificado, además, no constituye un acto administrativo. Es un trámite reglado, mecánico, despachado por internet desde hace años. De ahí que la discusión sobre quién estampa la firma llegue tarde y llegue mal.

Quién concedió el aplazamiento y con qué garantías​

El nudo no es si un programa firmó o dejó de firmar. El nudo es quién concedió el aplazamiento, cuándo, con qué garantías y por qué. La concesión sí es discrecional: ahí hay una autoridad con nombre, apellidos y competencia. Ahí debería estar la lupa, y no en el script.

El argumento oficial recuerda al clásico «mi perro se comió los impresos del IVA», solo que esta vez el perro es una rutina informática y el impreso un certificado con CSV.

Hay quien sostiene que la tecnología es una herramienta y nunca un escudo de impunidad: si el certificado existe, alguien responde por él. Enfrente pesa el argumento técnico —el documento es un trámite reglado y automático, no una decisión—, que traslada la pelota al expediente del aplazamiento. Y en medio, una tercera vía que gana peso: exigir que los certificados detallen la deuda aplazada, la amortizada y la pendiente. Sería un festival para autónomos y subcontratistas del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, pero dejaría de haber papeles que dicen una cosa mientras la contabilidad dice otra.

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Los robots no van a la cárcel. Los funcionarios sí. Es la única parte del expediente que todavía nadie ha automatizado.