Schengen: nadie expulsa a España, pero la suspensión es otra historia
Hace 20 horas, la Cadena SER publicaba un artículo con un titular contundente: el intento de la extrema derecha europea de echar a España del espacio Schengen es un bulo, porque ningún país concreto puede expulsar a otro. La pieza llegaba en plena ofensiva de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, respaldada por Finlandia y Dinamarca. La afirmación, a primera vista, parece inapelable. Pero la letra pequeña del espacio de libre circulación dibuja un panorama algo más incómodo.
El hombre de paja de la SER
La crítica al artículo no se hace esperar: la SER se enfrenta a un hombre de paja, porque nadie serio plantea una expulsión unilateral. La cuestión, se argumenta, es si la UE en su conjunto puede tomar decisiones. Y aquí entra un dato que los verificadores de oficio olvidan: la decisión sobre el destino de un país dentro del Schengen se adopta por mayoría cualificada. 22 de los 29 Estados europeos implicados (28 sin contar España) podrían, de forma colectiva, sacar al país del espacio común. No sería una expulsión exprés, pero sí una suspensión de facto.
Expulsión vs. suspensión: más que un matiz jurídico
Mientras el relato oficial insiste en que no hay base legal para la expulsión, los escépticos recuerdan que existen cláusulas de suspensión para casos extremos. Con una mayoría suficiente, la UE podría aprobar medidas que equivalgan a una expulsión temporal. La SER puede tener razón en lo formal, pero el 'bulo' de la ultraderecha se sostiene en un terreno resbaladizo: si el órgano colectivo actúa, el resultado final es el mismo. Para quien lo sufre, la diferencia entre no poder expulsar y poder suspender es apenas un eufemismo.
El debate queda atascado en ese punto incómodo. Mientras tanto, los respaldos de Finlandia y Dinamarca a Meloni demuestran que la idea no es un exabrupto aislado. El bulo, si lo es, ha encontrado suelo fértil.