La tractorada asusta al Gobierno: ordena blindar los «centros logísticos y de abastecimiento»

Interior ordena «contundencia» contra los cortes de la tractorada​

Un cordón de unidades antidisturbios alrededor de MercaMadrid. Esa fue la imagen con la que el Ministerio del Interior respondió a las tractoradas que cruzaban España a comienzos de febrero de 2024. La instrucción enviada a comisarías provinciales y jefaturas superiores ordena blindar los «principales centros logísticos y de abastecimiento», levantar los cortes de carretera e identificar a los agricultores movilizados. La palabra clave aparece dos veces en el documento firmado por la Secretaría de Estado de Seguridad: contundencia.

«Deben considerarse ejecutivas y aplicarse con la contundencia debida», reza el texto. Traducido: tolerancia cero con los bloqueos y con cualquier intento de llegar a las grandes ciudades. La orden sale después de una reunión de alto nivel en Interior, con el ministro Fernando Grande-Marlaska presente, y a la vista de que la protesta no se apaga.

Qué despliegue policial se ha activado contra la tractorada​

Todas las unidades de la UIP, las USECIC y los GRS de la Guardia Civil de la Península están activadas. Fuera quedan Canarias, Ceuta y Melilla. Los permisos del personal han sido suspendidos. El operativo se basa en el pre-posicionamiento preventivo: colocar unidades en los puntos considerados más conflictivos para garantizar la libertad de circulación de personas y vehículos, con atención especial a los accesos a los centros de distribución y a lo que el documento llama infraestructuras críticas.

Al uso de la fuerza que llevan aparejado esos dispositivos se suma el castigo administrativo. Las delegaciones del Gobierno ordenan identificar a los participantes, abrir atestados para futuras denuncias e imponer sanciones económicas. Ya se han tramitado miles de multas, además de denuncias en materia de seguridad ciudadana y de seguridad vial. El objetivo declarado: evitar que los cortes se repitan y, sobre todo, que permanezcan en el tiempo.

La lógica del dispositivo es sencilla: un corte desactivado a tiempo cuesta menos que uno consolidado durante días. La que no está tan clara es la otra cuenta, la política. Cada sanción suma a la siguiente convocatoria a alguien que hasta ahora solo tenía un tractor y una queja.

¿Por qué el Gobierno pasó de negar el desabastecimiento a blindar los centros logísticos?​

En las primeras horas de la protesta el Ejecutivo sostuvo que las convocatorias eran minoritarias y que «en absoluto» iban a afectar al suministro de alimentos o carburante. El blindaje de los accesos a los centros de abastecimiento dice otra cosa. El cambio de tono se lee como un reconocimiento implícito de que el mensaje del campo ha calado más de lo calculado.

El grito de guerra de los agricultores —sin nosotros no coméis— ha dejado de sonar a consigna de minoría. Y el temor que recorre ahora los despachos no es la protesta en sí, sino que la cadena de suministros acabe notándolo si la movilización escala en los próximos días.

El foco: ¿bloquear Mercadona o cortar el puerto de Algeciras?​

Aquí se parte la conversación en dos. Una corriente defiende la acción sobre las plataformas de distribución alimentaria por su valor publicitario: el mensaje llega a la opinión pública de forma inmediata. Otra sostiene que el golpe eficaz está en los puertos, cortando la entrada de productos importados de terceros países —Marruecos entre ellos—, porque ahí se toca el punto de origen del problema que denuncian.

La conexión entre distribución y precios tiene su propio capítulo. Según un mensaje difundido en redes, en marzo de 2023 Juan Roig afirmó, al comentar los resultados de 2022, que la compañía había «subido una burrada los precios». A esa frase se agarra el argumento que más circula, según esa misma fuente: 600 millones de euros repartidos en primas a la plantilla, un 50% más que el ejercicio anterior. Se puede discutir si una cosa explica la otra. Lo que no se discute es el efecto que tuvo sobre el relato de la protesta.

Gases lacrimógenos en Antequera y la comparación con Francia​

Según un mensaje difundido en redes, en la plataforma logística de Antequera se emplearon gases lacrimógenos contra los agricultores que bloqueaban el acceso. La escena es la que más ha circulado y la que ha reabierto la comparación con el trato que recibieron los agricultores franceses durante sus propias movilizaciones. La versión más repetida sostiene que ni al otro lado de los Pirineos se habría llegado a ese punto. Es una afirmación que circula, no un dato verificado: conviene tratarla como lo que es.

El papel de la policía, en entredicho​

El despliegue ha abierto un frente secundario, el de los propios agentes. Hay quien sostiene que los cuerpos no aplican la ley, sino que obedecen órdenes, y quien recuerda que el personal antidisturbios trabaja con permisos suspendidos y bajo instrucción directa. La crítica, se insiste en varios análisis, no va contra el agente de a pie sino contra la cadena de mando que fija la intensidad de la respuesta. En el aire queda otra circunstancia: el colectivo policial arrastra sus propias reivindicaciones salariales sin resolver.

El calendario que explica la urgencia de Interior​

Las fechas aprietan. A partir del día siguiente al anuncio se incorporan al conflicto las asociaciones mayoritarias del campo —COAG, Asaja y UPA—, con más de 30 tractoradas convocadas en toda España hasta el 27 de febrero. El lunes 12 hay convocatoria en Madrid. De ahí la suspensión de permisos y la exigencia de contundencia a todas las comisarías provinciales y jefaturas superiores.

Queda el dato que ordena todo el episodio. Interior moviliza antidisturbios para proteger los centros logísticos que el campo amenaza con bloquear y, al mismo tiempo, multa a quienes producen lo que va dentro. Si el objetivo declarado era evitar el desabastecimiento, la pregunta incómoda es a quién se protege de quién.