La UCO deduce que el 'one' al que se refiere Leire Díez solo puede ser Pedro Sánchez
Un dato nuevo en la investigación del caso que salpica a la cúpula del Gobierno: la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha llegado a la conclusión de que el término 'one' utilizado por Leire Díez en sus comunicaciones solo puede referirse al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La deducción se basa en la jerarquía interna y en la capacidad de dar órdenes a quien entonces era secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.
Según el sumario, Díez escribió: «Ayer le dijo el 'one' a S que me dijera que estoy haciendo un trabajo enorme y que no me venga abajo». Para los investigadores, la lógica apunta a que ese 'S' es Santos Cerdán, y el único con autoridad para ordenarle algo a Cerdán en la estructura del partido es el secretario general, Pedro Sánchez. La UCO considera que, por pura jerarquía, solo Sánchez podía darle instrucciones a Cerdán.
El blindaje del aforado y la estrategia de la defensa
La situación procesal de los implicados es, cuando menos, asimétrica. Leire Díez ya fue detenida en su momento y se encuentra en libertad con cargos; contra ella se acumulan nuevas imputaciones. En cambio, Pedro Sánchez goza de la condición de aforado al ser presidente del Gobierno, lo que implica que solo el Congreso de los Diputados puede autorizar su procesamiento mediante el suplicatorio.
Algunos analistas señalan que la defensa de Sánchez podría estar forzando intencionadamente la petición del suplicatorio, confiando en que el Congreso lo rechace –por mayoría de la investidura– y archive así la causa de forma definitiva. De ser rechazado, no se podría volver a juzgar al presidente por los mismos hechos. Es una jugada arriesgada que convertiría el blindaje político en una protección judicial de facto.
El debate sobre el sistema: ¿quién puede juzgar a un presidente?
La imposibilidad de que un juez investigue directamente a Sánchez sin el permiso del Congreso ha reabierto la discusión sobre el modelo español de aforamiento. «El sistema solo puede echar a un presidente si así lo pactan el resto de políticos. Ni un juez tiene potestad para ello», resumen los críticos. La situación genera una brecha entre quienes consideran que es un freno necesario a la judicialización de la política y quienes ven una garantía de impunidad para el poder.
Mientras tanto, desde el PSOE no hay movimientos públicos para cambiar el rumbo, a pesar de que los análisis apuntan a que el desgaste puede llevar al partido a una situación similar a la de los socialistas italianos, franceses o griegos: una caída libre que algunos ya pronostican si no se actúa a tiempo. La UCO, por su parte, sigue acumulando indicios, mientras el Premio Planeta literario del año podría ser, con sorna, para el atestado policial.
Este artículo se basa en informaciones contenidas en el sumario del caso, sin que exista aún resolución judicial firme. Todas las imputaciones son presuntas y se refieren a hechos sujetos a investigación.
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