La UE aprueba por amplia mayoría la NUEVA LEY DE REMIGRACIÓN

La UE aprueba el reglamento migratorio más duro: ¿papel mojado o cambio real?​

El Parlamento Europeo ha dado luz verde definitiva, con una amplia mayoría, al nuevo Reglamento de Remigración, calificado como el más estricto de la historia. Aprobado el 17 de junio de 2026 con los votos en contra de Socialistas, Verdes e Izquierda, el texto eleva el periodo máximo de detención de migrantes irregulares de seis meses a dos años, con posibilidad de prórroga de seis meses más y duración ilimitada para quienes sean considerados un riesgo para la seguridad. No es una directiva: es un reglamento, lo que significa aplicación directa e inmediata en todos los Estados miembros sin necesidad de transposición nacional. El incumplimiento acarrea sanciones económicas, como ya ha sufrido Hungría (200 millones de euros).

Detención ampliada y fin de la suspensión automática de expulsiones​

La nueva norma elimina la salvaguarda que suspendía automáticamente las expulsiones mientras estuvieran pendientes los recursos legales. A partir de ahora, los jueces decidirán caso por caso si paralizan la deportación. También endurece las condiciones para los menores no acompañados: solo quedarían exentos si se acredita fehacientemente su minoría de edad. En España, comunidades como Valencia, Extremadura, Aragón y Andalucía ya realizan pruebas médicas de determinación de edad para evitar fraudes. El reglamento afecta únicamente a quienes lleguen a partir de su entrada en vigor —hace una semana, según las fechas del debate—, no a los residentes previos.

¿Un cambio real o humo para contentar a las bases?​

Las posturas están divididas. Mientras unos consideran la medida un avance significativo —al fin un marco común vinculante con plazos de detención realistas—, otros la tildan de cosmética. Esgrimen que, sin modificar las leyes de asilo o los incentivos económicos (las “paguitas”), el efecto será mínimo: “echarán uno mientras entran 65”. El argumento es que la inmigración irregular no se frena solo con detenciones si los Estados no eliminan las ayudas que hacen atractiva la estancia. Algunos señalan que países como Italia y Alemania ya están creando centros de detención fuera de la UE para que los migrantes no pisen su territorio, lo que podría desplazar las rutas hacia España.

El debate de la efectividad y el coste político​

Detrás de la norma late una tensión política: el auge de formaciones euroescépticas y de extrema derecha ha empujado a Bruselas a mostrar mano dura. La pregunta es si estas medidas responden a la realidad o son un intento de frenar la sangría de votos. La experiencia de Italia con Meloni —donde las llegadas de inmigrantes no han descendido de forma significativa— sirve de advertencia para los más escépticos. Sin embargo, el hecho de que sea un reglamento y no una directiva cierra la puerta a interpretaciones laxas: España, por ejemplo, no podrá esquivarlo sin exponerse a multas millonarias.

El dato que descoloca: mientras unos claman que “estamos invadidos”, otros constatan que en zonas como Asturias la presencia de inmigrantes no llega ni al 1% de la población. La realidad es muy desigual según el territorio. Lo que nadie discute es que la UE ha dado un paso inédito en dureza. Ahora toca ver si la letra se convierte en carne.