Manipular listas de espera en Madrid: reconocido y sin sanción
Según la información publicada el 15 de septiembre de 2026 por La Vanguardia, la manipulación de las listas de espera quirúrgicas en Madrid es una práctica reconocida por la propia ministra de Sanidad, Mónica García, y por Ángela Hernández, responsable del sindicato médico Amyts. Hernández añade un matiz que rompe el marco: no es solo Madrid, sostiene, también otras comunidades autónomas. Y el detalle que deja el asunto en un limbo es otro: esa manipulación no está penada ni sancionada.
Qué se denuncia en el hospital Ramón y Cajal
El origen es la denuncia de cirujanos de un centro hospitalario madrileño. La acusación que circula apunta a que determinadas jefaturas de servicio, cargos de designación política, habrían rebajado de forma masiva la prioridad de pacientes en espera de operación sin atender a criterios médicos. Sobre el alcance hay discrepancia seria: se argumenta que los programas informáticos de la sanidad pública no permiten a un responsable de centro modificar esas listas directamente y que, en todo caso, la orden habría partido del organigrama de un hospital concreto, no de la Administración autonómica en bloque. Sin resolución firme, todo eso sigue en el terreno de la acusación.
De 90 a 180 días de espera quirúrgica
Las cifras que maneja quien atraviesa el sistema público van de 90 a 180 días para una intervención, con seis meses para una consulta de dermatología y citas para pruebas diagnósticas proyectadas hasta diciembre de 2027. Frente a eso, otra parte sostiene que en su entorno cercano la espera no llega a dos semanas. La distancia entre ambas experiencias no se explica con datos públicos, y ahí se atasca la discusión: unos hablan de manipulación deliberada, otros de presupuesto insuficiente y otros de un deterioro estructural que afecta a más comunidades. El caso tiene además un giro incómodo: según lo que circula, el profesional que destapó la denuncia habría sido señalado a su vez como responsable de la propia manipulación, y no consta resolución judicial alguna sobre ello.
Ninguna de las versiones ha sido confirmada por un tribunal. La práctica sigue sin castigo, sin responsable identificado y con la responsabilidad dividida entre el centro, la consejería y el sistema. Ahí se queda el expediente.