Un certificado del PSOE basta para acreditar el exilio en la ley de nietos
La polémica instrucción de 25 de octubre de 2022 de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, firmada por Sofía Puente –hermana del ministro de Transportes–, ha abierto un boquete en los requisitos para obtener la nacionalidad española por la vía de la memoria democrática. Según el texto, los interesados pueden acreditar la condición de exiliado de sus antepasados mediante “certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o cualesquiera otras entidades”. En la práctica, un simple papel del PSOE vale como prueba.
La brecha entre la ley y la instrucción
La ley de nietos, aprobada como disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática, pretendía resarcir a los descendientes de los exiliados republicanos. Pero la instrucción de Puente desvirtúa el espíritu original. Mientras que el texto legal habla de “exiliados” con un marco histórico determinado, la instrucción permite acreditar esa condición con documentos de partidos políticos, sin exigir pruebas documentales históricas adicionales. Según estimaciones recogidas en el debate, los auténticos exiliados a América fueron apenas decenas de miles (unos 25.000 a México), y los nietos reales no superarían los 300.000.
El debate político y electoral
El argumento que más peso tiene entre los críticos es el electoral. Si la instrucción permite que partidos políticos emitan certificados, se abre la puerta a una concesión masiva de nacionalidades con fines de captación de voto. Se habla de hasta un millón de nuevos votantes potenciales. La respuesta oficial, replicada desde medios afines, es que el PP presentó una norma “idéntica”, descartando así la incidencia electoral. Sin embargo, el truco, como señala el análisis, no está en la ley sino en la instrucción que la amplía sin límites. La polémica está servida y, de momento, sin resolución judicial.
El dato que descoloca: mientras unos calculan que apenas hay 300.000 descendientes reales, la instrucción podría generar solicitudes muy por encima. ¿Cuántos certificados partidistas se están emitiendo? Esa cifra no es pública. El cierre del debate queda en el aire, con una oposición que clama contra lo que consideran un “pucherazo” y un gobierno que defiende la ampliación de derechos.