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Liberum: de la lucha anticovid a la acusación popular contra el PSOE​

Ninguna otra asociación ha plantado cara al relato oficial de la pandemia con tanta insistencia judicial como Liberum. Nacida en marzo de 2021, empezó recopilando denuncias contra el pasaporte covid y la obligatoriedad de mascarillas, pero su actividad se ha expandido hasta personarse en los grandes casos de corrupción que salpican al Gobierno.

El origen: guerra judicial contra las restricciones covid​

Los primeros envites llegaron en verano de 2021: recursos contencioso-administrativos contra el pasaporte covid en Canarias, Aragón, Baleares y Galicia. Consiguieron suspensiones cautelares y admitieron a trámite recursos que obligaban a la administración a justificar científicamente sus decisiones. En agosto de 2022, Liberum presentó, junto a 926 demandantes, un recurso de anulación ante el Tribunal General de la UE contra el reglamento del certificado covid digital. El equipo jurídico, liderado por el abogado Luis María Pardo, también recurrió la vacunación obligatoria en el Ejército y la imposición de mascarillas en transportes. En febrero de 2023, el Ministerio de Sanidad admitió en sede judicial que no contaba con informes técnicos que avalaran la medida —justo antes de que estallara el caso Koldo.

De las mascarillas a las tramas de corrupción​

La asociación se personó como acusación popular en el caso Koldo, que investiga el presunto cobro de comisiones en contratos de mascarillas. A partir de ahí, su actividad se disparó: se personó en el caso Begoña Gómez, en la investigación al hermano de Pedro Sánchez (David Sánchez Pérez-Castejón), y en la pieza separada del Tribunal Supremo sobre los amaños de Ábalos, Koldo y Santos Cerdán. En septiembre de 2025, la Audiencia de Badajoz envió a juicio oral al "hermanísimo" y a diez altos cargos, un hito que Liberum reivindica como propio. También consiguieron la nulidad de varias Zonas de Bajas Emisiones (Badajoz, Guadalajara) y están llevando su causa al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Un modelo polémico y eficaz​

Con una cuota anual de 60 euros, Liberum se financia exclusivamente de socios y donaciones. Sus críticos la tachan de activismo anticiencia; sus seguidores, de ser la única resistencia real contra los abusos de poder. La asociación ha presentado denuncias por delitos de odio contra cargos públicos y periodistas, y ha solicitado penas de hasta 29 años para los implicados en la trama Koldo. El tiempo dirá si su estrategia de judicializar la política obtiene réditos, pero de momento ha logrado algo inédito: que un tribunal internacional examine de forma integral las medidas restrictivas de la pandemia.

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