Alvise publica la foto sin pixelar de la hija de Sánchez: el coste del privilegio y el riesgo legal
El activista Alvise Pérez colgó en sus redes una fotografía de la hija mayor de Pedro Sánchez viajando en avión privado. No pixeló su rostro. Lo que para unos era un señalamiento más sobre los privilegios del presidente, para otros se convirtió en una línea roja: acoso a un menor, ilegalidad y un posible delito penado con hasta siete años de cárcel.
La imagen, extraída de un perfil público de la joven en redes sociales, mostraba su salida hacia un colegio en Reino Unido. Según los cálculos que circularon, el coste de cada vuelo privado ida y vuelta desde Cuatro Vientos a Cambridge se sitúa entre 15.000 y 25.000 euros. La matrícula anual del centro británico ronda los 40.000 euros. Cifras que, sumadas, disparan el gasto muy por encima del sueldo presidencial —unos 90.000 euros brutos anuales— y que alimentaron la sospecha de un posible uso de fondos públicos o de financiación opaca.
El marco legal: publicar sin consentimiento puede costar caro
La legislación española es clara: publicar imágenes sin consentimiento en internet es delito, especialmente cuando afecta a menores. Las penas pueden ir de uno a siete años de prisión, y las multas, entre 300.001 y 20 millones de euros en casos considerados «muy graves». En el debate surgió la duda de si la hija de Sánchez es aún menor de edad —algunos foros afirmaban que sí, otros que ya había cumplido 18—, lo que cambiaría la gravedad de la infracción. Aunque la foto era pública en su perfil, el contexto en el que se difundió (con fines de escarnio político) agrava la posible sanción.
El personaje: Alvise, un agitador con victorias judiciales
Alvise Pérez, fundador del partido Se Acabó la Fiesta, no es un desconocido en los tribunales. Según sus seguidores, ha publicado cientos de informaciones sin perder ni un solo juicio; ha ganado tres veces al alcalde de Valladolid. Sin embargo, el historial de demandas no le exime de riesgos. En la conversación también se recordó su papel en la campaña de las elecciones generales de 2023, cuando se posicionó contra Vox e incitó a la abstención, lo que para algunos le convierte en un «comemierdas pagado por el sistema» y para otros en un activista independiente que no se casa con nadie.
Dos posturas irreconciliables
El debate se partió en dos. Por un lado, quienes defienden que la foto es una crítica legítima a la hipocresía de un presidente que predica austeridad mientras su hija vuela en jet privado y estudia en un colegio de élite. «Vuelos privados y colegio de 40.000 pavos. Todo un socialista», resumía un mensaje destacado. Por otro, los que consideran que involucrar a los hijos en la batalla política es inaceptable y peligroso, y que la publicación sin pixelar constituye un delito de acoso. «Meter a los hijos en el disparadero se puede entender como amenazas directas de facciones de servicios secretos o mafias», advertía otro análisis.
El dato que descoloca: la falta de condena firme
A pesar de la tormenta, ni Sánchez ni su familia han presentado denuncia hasta donde se sabe. Mientras no haya proceso judicial, el pulso entre libertad de expresión y derecho a la intimidad queda en tierra de nadie. Pero los costes —los 40.000 euros del colegio, los 15.000 de cada vuelo— ya están sobre la mesa. Y nadie ha explicado de dónde salen.