Lo de los delitos de repruebo se ha ido de las manos

Delitos de reprobación: cuando la crítica se paga con cárcel y exilio​

El fiscal solicita más pena que la propia acusación particular, y el instructor cita palabras que no aparecen en el vídeo. Begoña Gerpe, youtuber con 630.000 suscriptores, se enfrenta a dos años y medio de prisión por un vídeo en el que, según numerosos análisis, no profiere insultos ni incitación a la violencia. Su caso ha puesto en el foco la deriva de los delitos de reprobación en España: una figura legal que, en la práctica, está siendo utilizada de forma instrumental para silenciar a críticos y, de paso, generar ingresos a asociaciones que viven de las denuncias.

La desproporción de las penas​

El debate sobre la proporcionalidad es central. Mientras que un homicidio imprudente por conducir sin carnet puede saldarse con menos años de cárcel, una opinión vertida en un vídeo de YouTube acarrea una petición de 2 años y 6 meses de prisión. La comparación no es caprichosa: en el mismo análisis se señalaba que en Andorra, país al que Gerpe se ha mudado, la pena para el mismo delito es de 3 años, pero los requisitos de residencia son prohibitivos (350.000 euros en inmuebles, 4.500 euros de ingresos mensuales y una fianza de 50.000 euros). La youtuber no se ha ido a un paraíso penal, sino a un entorno donde la supervivencia económica es más cara.

El coste económico de la denuncia instrumental​

Gerpe facturaba alrededor de 2.500 euros al mes gracias a sus 630.000 suscriptores. Un proceso judicial de estas características no solo paraliza su actividad, sino que la obliga a asumir costes legales y de reubicación. Las asociaciones que la denunciaron, como ACO o Fakali, reciben subvenciones públicas. Es decir, el dinero de los contribuyentes financia a quienes utilizan la ley para perseguir a creadores de contenido. Este modelo de negocio perverso se repite: la mitad de las querellas por delitos de odio en España son instrumentales, según coinciden varios análisis, y buscan dar una lección al que levanta la cabeza.

Un patrón que se repite​

No es un caso aislado. Se recuerda el de David Lafoz, agricultor que se suicidó tras ser perseguido por sus críticas a la Administración. O el de Raúl el Murciano Encabronao, que acumula decenas de juicios. La sensación es que se ha creado una industria alrededor de la denuncia por reprobación, donde el objetivo no es la justicia, sino el escarmiento público y el control del discurso.

La pregunta que queda en el aire es por qué el fiscal actúa con más dureza que la parte acusadora, y cómo es posible que el instructor incluya en los hechos probados frases que el vídeo no contiene. Mientras la sociedad mira hacia otro lado, la judicialización de la crítica avanza sin que se establezcan mecanismos de control contra el uso fraudulento de la ley.

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