NOTICIA: Lo de Noelia es para salir a M*T*R a rojos y eliminar al estado terrorista que gobierna.

El caso Noelia Castillo destapa la cara oculta del sistema de tutela catalán​

El caso de Noelia Castillo, la joven de 17 años que solicitó la eustaquia tras quedar parapléjica después de un intento de quitarse la vida en un centro de menores, ha reabierto el debate sobre la gestión de la protección de menores en Cataluña. La cronología oficial, recogida en informes de la Generalitat, indica que Noelia fue separada de su familia en 2021 por una situación de desamparo, ingresada en un centro de acogida, donde habría sido víctima de abusos. Un año después, tras un intento de autolisis que la dejó en silla de ruedas, solicitó la eustaquia amparada en la ley estatal. La solicitud fue aprobada en julio de 2024 por la Comisión Catalana de Garantía y Evaluación, un trámite que para muchos críticos fue una pantomima. La trama se enrarece cuando se conocen los vínculos de ONGs como Abogados Cristianos, que denunciaron el caso en redes, y la investigación de la Administración Trump, que en plena campaña electoral puso el foco sobre las instituciones barcelonesas.

Un sistema en entredicho: el coste oculto de la tutela​

Cada año, la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA) gestiona miles de expedientes de menores en riesgo. La cifra de niños bajo tutela en Cataluña roza los 7.000, un 30% superior a la media nacional. Sin embargo, el caso Noelia ha puesto sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿el sistema protege o negocia con el dolor ajeno? Según datos del propio departamento, el coste medio por plaza en un centro residencial supera los 3.000 euros mensuales. Una asociación de trabajadores de la DGPPIA denunció en las semanas posteriores la «normalización de la violencia» en los centros, con plantillas bajo mínimos y protocolos que, en la práctica, dejan a los menores desprotegidos. El caso recordó a otros similares, como el de la niña de 12 años prostituida en una red vinculada a una ONG de ERC, según informó El Español en 2023. Los datos de la Fiscalía muestran que en los últimos cinco años las denuncias por abusos en centros de menores se han duplicado, pero las condenas son testimoniales.

La pugna política: derecha e izquierda se culpan en un clima enrarecido​

El debate derivó rápidamente en una pelea de poder. Colectivos de la derecha mediática, como el entorno de Vox, cargaron contra el Govern de la Generalitat y el Gobierno central, acusándolos de «negocio rojo» y de tener una «mafia» detrás de las ONGs que gestionan los centros. Señalaron a la Comisión Catalana de Garantía y Evaluación como responsable última de la gloria de Noelia. Enfrente, sectores de izquierda y colectivos provida recordaron que las leyes de eustaquia las aprobaron mayoritariamente partidos conservadores en otros países, y que en España fue el Parlamento, con mayoría del PSOE, quien dio luz verde en 2021. La consejera balear de turno llegó a admitir que la explotación sensual de menores tutelados ocurría «en toda España», un hecho que ni siquiera negaron los defensores del modelo actual. El debate se volvió estéril: en lugar de examinar los fallos sistémicos, cada bando usó el caso para atizar sus consignas.

La pregunta sin respuesta​

Mientras el caso sigue bajo investigación (la Administración Trump llegó a anunciar pesquisas, aunque sin consecuencias prácticas), el dato más escalofriante es el que menos se repite: desde que Noelia fue ingresada hasta su eustaquia pasaron 33 meses. En ese tiempo, los servicios sociales tuvieron decenas de oportunidades de intervenir, y ninguna lo hizo a tiempo. La pregunta que queda es la misma que se hacía el padre, según los vídeos que filtró: ¿por qué nadie la escuchó cuando denunció los abusos? Con la ley de eustaquia en la mano, el Estado se lavó las manos. El negocio de la tutela, con sus contratos millonarios a dedo, sus ONGs sin control y sus trabajadores quemados, sigue funcionando. No hay reforma a la vista. Y el sistema, como demuestra el caso Noelia, sigue fallando.

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