Sociedad: Lo más duro que leerás hoy sobre las Pensiones...

Pensiones: la cuenta de 13.600 millones al mes que nadie quiere firmar​

Un trabajador de 40 años hace balance: dos décadas de contratos precarios, dos crisis, una pandemia, inflación desbocada y vivienda inalcanzable. Su conclusión, la de una generación entera, es que sostiene con impuestos unas pensiones que él no cobrará. La cifra que vertebra el enfado no es menor: según un cálculo que circula en el hilo, el sistema paga 13.600 millones de euros al mes en prestaciones, mientras la deuda pública suma otros 10.000 millones mensuales. La discusión sobre la sostenibilidad del sistema de reparto ha dejado de ser un tema de sobremesa.

Cuánto cuesta realmente el sistema de pensiones​

El dato más repetido en el análisis es el desfase entre lo que entra y lo que sale. Las pensiones contributivas y de viudedad alcanzan a cerca de 9 millones de personas, una cifra que multiplica por más de diez el colectivo de quienes vivieron la Guerra Civil, que hoy ronda las 650.000 o 700.000 personas mayores de 90 años. Ese matiz importa: la mayoría de los pensionistas actuales no atravesó la contienda, sino que se benefició de la etapa de mayor expansión económica y menor presión fiscal de la historia reciente.

Hay quien sostiene que el problema no es el gasto en pensiones, sino la estructura de ingresos. El cálculo que circula compara partidas: los intereses de la deuda ya superan en algunos ejercicios el desembolso en prestaciones, y el resto del gasto público se reparte entre salarios de empleados públicos, ministerios y transferencias. La conclusión que se extrae es incómoda: no hay margen para recortar de donde no se quiere tocar.

El IVA que llegó en 1986 y la generación que pagó menos​

La cronología fiscal desmonta parte del relato. El IVA se implantó el 1 de enero de 1986, sustituyendo al antiguo IGTE. Quienes hoy disfrutan de pensiones holgadas cotizaron buena parte de su vida laboral sin ese impuesto y con tipos marginales muy inferiores a los actuales. La renta mínima de inserción existe desde 1997 y las pensiones no contributivas desde 1991. Es decir, los mecanismos de protección que hoy se señalan como insostenibles llevan décadas funcionando.

El contrapunto llega desde quienes recuerdan que la deuda pública no la generó una sola generación. Los partidos votados por los mayores diseñaron las políticas que hoy se critican, pero también las votaron cohortes más jóvenes. La discusión sobre quién es responsable se enreda cuando se baja al detalle electoral.

Qué pasa con los años cotizados y la jubilación futura​

La previsión más extendida apunta a un ajuste silencioso. El escenario que se maneja incluye elevar los años cotizados exigidos de los 38,5 actuales a 42, ampliar el periodo de cálculo de la pensión de 25 a 35 años y retrasar la edad de jubilación. Nada de eso se anuncia en campaña. La transición sueca, basada en cuentas nocionales, se cita como modelo viable: el gasto se ajusta automáticamente a los ingresos, sin necesidad de decretazos.

El problema demográfico añade presión. La población extranjera en España pasó del 9,8% en 2017 al 19,8% en pocos años, según los datos que se cruzan en el análisis. Una parte de esos trabajadores cotiza por bases mínimas o percibe el ingreso mínimo vital, lo que limita su aportación al sistema. La sostenibilidad futura depende de que esas cotizaciones crezcan.

Privatizar, recortar o esperar la quiebra​

Las posturas se dividen en tres bloques. Un sector defiende recortar impuestos y prestaciones: ninguna pensión por encima de 1.600 euros debería existir, sostienen, y el voto debería filtrarse por algún tipo de examen de competencia. Otro bloque apunta a la privatización como destino final del sistema, con el argumento de que hay miles de millones en juego y que el enfrentamiento generacional distrae de los responsables políticos. Un tercer grupo, minoritario, confía en que el sistema aguante hasta que la inflación licúe la deuda.

La fecha que más se repite como punto de no retorno es 2035, cuando empiecen a jubilarse las cohortes del baby boom. A partir de ahí, el agujero se vuelve insuperable, según los cálculos más pesimistas. La solución que nadie firma pasa por bajar las pensiones un 20% o más.

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La cuenta es sencilla y el resultado incómodo: 13.600 millones al mes de prestaciones contra 10.000 millones de deuda nueva. Con esos números, la pregunta no es si el sistema se reforma, sino quién asume el coste político de hacerlo.