Ceuta: el boicot escolar que nadie se atreve a convocar
No llevar a los niños al colegio es ilegal. Y, aun así, hay quien coloca el boicot escolar como la última palanca que le queda a una ciudad que se siente abandonada. La lógica es de manual: si el conflicto no se resuelve arriba, que se note en la base. La pregunta incómoda es qué se rompe antes, si el pulso o quien lo ejecuta.
Qué dice la normativa de absentismo escolar
La escolarización es obligatoria y la protesta no figura en ningún supuesto de ausencia justificada. Los protocolos de absentismo se activan con avisos, derivación a servicios sociales y, en los casos más graves y sostenidos en el tiempo, expedientes de protección sobre los menores. El contraargumento que más circula es de imagen pública: ningún gobierno quiere aparecer retirando la tutela a familias que dicen estar protestando. Ahí está la asimetría real. El coste del pulso lo paga antes el alumno que la administración.
De la huelga educativa a la insumisión fiscal
La segunda pata es económica: dejar de pagar impuestos de forma coordinada. Los números que se manejan —un 80% de contribuyentes en huelga fiscal en una ciudad de unos 67.000 habitantes— convierten la idea en un ejercicio teórico. Fiscalizar a decenas de miles de personas a la vez no está al alcance operativo de ninguna administración, pero el desgaste del que deja de pagar sí es inmediato: recargos, intereses y embargos llegan mucho antes que cualquier negociación.
Y aparece el dato que desactiva la épica: en torno al 70% de las familias seguiría llevando a sus hijos a clase. El informe PISA se cita como telón de fondo, aunque un curso perdido no arregla un sistema educativo, lo agrava.
Si en las próximas semanas el descontento no cuaja en una convocatoria formal con interlocución real, lo previsible es que las aulas sigan llenas y el malestar, también. La predicción lleva una reserva obvia: pocos se atreven a apostar contra una ciudad cansada.