Los militares de Ceuta se hartan y anuncian una protesta por el aumento de las agresiones: «No nos dejan defendernos»

Los militares de Ceuta se hartan: protesta el 16 de septiembre​

Según el relato de un veterano en el hilo, la instrucción que recibía la tropa en el polvorín de Ceuta a mediados de los noventa —primer disparo de fogueo, retención del intruso y aviso al jefe de guardia— retrata reglas de uso de la fuerza tan ambiguas que convertían cada turno en una apuesta. Tres décadas después, los militares de Ceuta han decidido que ya basta. La asociación ATME ha convocado para el próximo 16 de septiembre una concentración en la ciudad autónoma por el aumento de las agresiones, con una exigencia doble: ser reconocidos como agentes de la autoridad y que su desempeño se catalogue como profesión de riesgo. El lema resume el cabreo: «No nos dejan defendernos».

Qué reclaman los militares destinados en Ceuta​

El núcleo de la reclamación es jurídico: un paraguas legal que, a juicio de los convocantes, hoy no existe cuando la tropa se cruza con una agresión en la calle. Sin la consideración de agentes de la autoridad, sostienen, cualquier reacción queda en tierra de nadie: ni protección legal plena ni respaldo disciplinario si algo se tuerce.

Llama la atención lo que no aparece en la lista de peticiones: en el hilo hay quien pregunta por qué los convocantes no reclaman más balas, armas y efectivos, y esa ausencia deja al descubierto el eje real de la queja: no es un problema de medios, es un problema de reglas. La concentración del 16 de septiembre en Ceuta será la primera prueba de hasta dónde está dispuesto a llegar un colectivo históricamente discreto.

¿Por qué se envía a patrullar a quien no puede repeler una agresión?​

Aquí está el nudo del asunto. Si un militar no puede usar la fuerza en los términos en que la usa un policía, la pregunta lógica es qué hace patrullando. O se le dota del mismo marco de actuación, o no se le despliega. La alternativa intermedia —mandarlo a la calle con las manos condicionadas— convierte al uniformado en un objetivo fácil y al Estado en responsable de la indefensión.

La discusión se enreda cuando se compara con otros cuerpos. En el hilo hay quien sostiene que las fuerzas de seguridad, las policías locales y la guardia civil no dudan a la hora de reducir a un delincuente que se pone gallito, y casi nunca salen a televisar el forcejeo. Con la tropa el listón parece distinto, y esa asimetría es exactamente lo que los convocantes quieren romper.

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¿Protesta por seguridad o por dinero?​

No todos compran el relato de la indefensión. Una parte del análisis sostiene que la exigencia auténtica es económica, no operativa: que lo que subyace es el miedo a perder un salario fijo y unas condiciones que, dicen, no se encuentran en otro sitio. El contraste entre lo que se grita y lo que se pide —reconocimiento y estatus, no medios— alimenta esa sospecha, aunque no la demuestra.

El contraargumento es incómodo y también tiene recorrido: cobrar poco y trabajar menos no son categorías que se anulen entre sí, y quien firma un contrato con el Estado asume unas reglas antes de ponerse el uniforme. La discusión, en cualquier caso, se queda donde estaba: nadie ha puesto encima de la mesa un recuento verificable de las agresiones que justifican la protesta.

¿Tienen los militares derecho a manifestarse?​

Es la objeción que más incomoda dentro del propio sector. El marco constitucional limita la sindicación y la huelga en las Fuerzas Armadas, y hay quien defiende que la neutralidad del Estado exige extender esa restricción a todo funcionario, uniformado o no. Bajo ese prisma, una concentración militar no es un derecho en ejercicio, sino un problema de disciplina.

Frente a eso pesa un argumento simple: quien tiene prohibido defenderse y prohibido protestar queda, literalmente, sin vías. La línea entre canalizar el malestar por cauce asociativo y erosionar la neutralidad institucional es fina, y el 16 de septiembre servirá para medir por dónde se rompe.

Del 23-F al estado de excepción de los controladores​

Las asonadas militares fueron un clásico del siglo XIX y no arreglaron nada, según uno de los comentarios. La historia reciente tampoco invita al optimismo: el 23-F dejó un poso que se invoca aquí como advertencia, no como modelo. El precedente que más reaparece en el hilo es otro: el trato que, según un participante, recibieron los controladores aéreos durante el estado de excepción, una demostración de que al Estado le sobran herramientas cuando le aprietan de verdad.

Y luego está el espejo de la pandemia, cuando, según se recuerda en el hilo, las Fuerzas Armadas patrullaban calles con fusil. Que ahora se discuta si un soldado puede repeler un apedreamiento resulta, cuanto menos, desconcertante.

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Con estos mimbres, la única cifra firme de todo el asunto es una fecha: 16 de septiembre, Ceuta. Del aumento de agresiones que motiva la protesta no hay recuento público, ni cifra, ni nombre. Y en el hilo nadie ha registrado un solo militar fallecido en la ciudad. Puede que el problema no sea la falta de datos, sino que los datos que hay no sostienen el ruido.