Lubinas para la langostada, macarrones para los remeros !!

Lubina a 6 €/kg para unos, macarrones para otros​

Un kilo de lubina cuesta 6 euros. Ese precio, comprobable en cualquier pescadería, sirvió para abrir una discusión que va bastante más allá del mostrador: la que separa a una generación que compra proteína fresca de otra que llena el carro con hidratos baratos. El punto de partida fue una pieza de El Español sobre el carrito de la compra de los mayores frente al de los que aún cotizan, y el resultado es un retrato incómodo del reparto de rentas: quién cobra la pensión, quién paga la hipoteca y quién come peor de lo que comieron sus padres.

Conviene desconfiar de la primera conclusión. La imagen del jubilado devorando marisco mientras el joven se calienta una bandeja de pasta es cómoda de contar y difícil de sostener en bloque. Basta pasear por un supermercado a media tarde para ver carros de pensionistas con cuatro cosas y una lata.

El cálculo de la lubina que no cuadra​

El primer pico de tensión llegó con la aritmética. Se afirmó que de un kilo de lubina salen fácilmente seis lomos limpios, argumento que servía para demostrar que el pescado no es ningún lujo y que no hay motivo para rasgarse las vestiduras. La cifra fue contestada de inmediato: de una pieza de un kilo no salen seis raciones, y una lubina de ración ronda los 800 gramos.

El desacuerdo sobre el número no tumba el fondo. Se puede sostener que el pescado no es caro y a la vez que el lote de seis lomos por kilo es una exageración. El precio citado en las pescaderías más optimistas es de 6 €/kg; en una cadena de supermercados concreta se ponía a 8 €/kg, con piezas de unos 700 gramos que salieron a 5 euros la unidad. Con esas horquillas, hablar de lujo o de ganga depende menos del producto que del día y de la tienda.

Procesado sí, guiso no: la brecha es de tiempo​

Aquí el diagnóstico se vuelve más interesante que la queja. La comparación que circula no es langosta contra macarrones, sino papillote contra bolsa: un ejemplar de lubina al horno con dos vegetales frente a la pasta con salsa ya preparada y queso por encima. El coste económico es parecido; el coste en tiempo y en atención, no.

De ahí salta el otro reproche: carne en film, hamburguesa ya precocinada, pollo cortado en tiras y bandeja. El éxito del formato comercial de Mercadona aparece en la conversación como síntoma y no como causa. Hay quien añade el dato que faltaba, el de la logística doméstica: quien compra pescado fresco lo congela por el riesgo de anisakis, lo que obliga a planificar; quien compra procesado solo necesita un microondas.

Frente a eso se recuerda que hay alternativas baratas y poco explotadas, desde el mejillón —un marisco muy económico que da mucho juego— hasta el atún entero comprado a 6 €/kg, limpio, troceado y congelado en dados para varios guisos. La proteína barata existe; lo que escasea es la costumbre.

La pensión que paga la factura de los hijos​

El contrapunto más sólido al relato del jubilado opulento es el flujo de dinero que va en dirección contraria a la que sugiere el estereotipo. Los padres y abuelos ayudan a cuadrar las cuentas de sus hijos: hipoteca o alquiler mes a mes, comedor escolar, libros de texto. Si no se ha producido un colapso social mayor, se argumenta, es en buena parte por ese colchón familiar, que sostiene a la generación que llegó a la edad adulta con salarios bajos y vivienda carísima.

La contabilidad de esas transferencias rara vez se computa. Tampoco el hecho de que una parte notable de los jubilados cobra cantidades modestas y vive en vivienda familiar, no en pisos protegidos de nueva construcción. El retrato medio se cae en cuanto se baja al detalle.

Vivienda: el reproche que sí tiene números​

Cuando la discusión abandona el pescado, el terreno se endurece. Una parte de los participantes sostiene que el problema central no es la pensión sino el precio de la vivienda, y apunta a que gran parte del parque construido en las ciudades entre los años sesenta y ochenta era vivienda protegida, hoy en el mercado libre a precios que superan los 300.000 euros.

Sobre esa base se pide una fiscalidad específica para los propietarios de más edad —tasa sanitaria, recargos, copago de prótesis y medicamentos—, propuestas que conviven con la queja opuesta: la nueva tasa de solidaridad intergeneracional que, se dice, aumenta las cotizaciones de los trabajadores en activo para sostener el sistema. Y una cifra que se repite: a los doce años de jubilación, el pensionista habría recibido ya una cantidad equivalente a la aportada por él y su empleador. Es un cálculo citado, no una liquidación oficial.

El ajuste que unos desean y otros discuten​

La parte más dura del intercambio tiene que ver con lo que algunos consideran inevitable. Se habla de hachazos a la pensión con cifras que bailan entre el 60% y el 30%, y se trae a colación el precedente griego, donde la reducción se situó en esa horquilla durante la crisis. Es un deseo expresado en voz alta, no un proyecto normativo del que haya constancia.

Enfrente, la lectura de que cualquier recorte acabaría afectando también a quienes lo reclaman y de que los jubilados con pensiones altas no son un grupo homogéneo. Sobre un punto hay coincidencia amplia: el asunto debió abordarse hace veinte o treinta años y ningún gobierno quiso pagar el coste político de hacerlo.

Lo que queda por ver​

Si el diagnóstico dominante es que el sistema actual no cierra, cabe esperar más presión sobre cotizaciones y edades, y más ruido sobre quién come lubina. Aunque el detalle de la cesta de la compra seguirá dependiendo de algo más prosaico: de si queda tiempo para encender el horno cuando se llega a casa.