Macarena Olona deja la Abogacía del Estado por el bufete de su primo
Un despacho de doce empleados que factura unos cinco millones de euros al año no necesita, en teoría, un fichaje mediático. El despacho de Choclán lo acaba de tener: Macarena Olona ha pedido excedencia en la Abogacía del Estado para incorporarse al bufete que fundó su primo, un exmagistrado de la Audiencia Nacional especializado en delitos económicos. La noticia ha reabierto una vieja pregunta: cuándo el apellido es un enchufe y cuándo es solo una coincidencia.
¿Mérito o enchufe? El perfil que divide al sector
El destinatario del fichaje no es un cualquiera. Choclán ejerció como magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y, según el análisis del entorno jurídico, es uno de los penalistas más top de España, con autoridad reconocida en delitos económicos. Su bufete, fundado a comienzos de los 2000, antes de la crisis de 2008, es pequeño: doce empleados y una facturación estimada en cinco millones anuales. No es el perfil de un despacho que necesite un nombre famoso para sobrevivir.
La duda es qué aporta Olona. Sus defensores recuerdan que no es una recién llegada: aprobó una oposición de élite y llegó a ser jefa de la Abogacía del Estado en el País Vasco. «No es una becaria», resumen. Sus críticos ven el patrón inverso: la incorporación de una figra pública con una carrera judicial interrumpida por años de tertulia y campaña. Entre medias queda el argumento más incómodo: el nepotismo no siempre es incompetencia, pero siempre es difícil de probar.
Excedencias públicas: un privilegio mal explicado
El segundo frente es institucional. La Abogacía del Estado es un cuerpo de élite, con oposiciones de muy pocas plazas. Pedir una excedencia para pasar al sector privado es legal y habitual; el problema es la percepción. Una excedencia permite volver al puesto público si lo privado no funciona, y eso convierte la plaza del Estado en una red de seguridad con cargo al contribuyente. En el caso de una figura que ha hecho del discurso liberal su marca, el contraste resulta difícil de tragar.
Se argumenta que el sistema debería endurecerse: o se está en lo público o se está en lo privado, sin puertas giratorias. La réplica habitual es que el sector público no puede competir con los sueldos privados y que sin excedencias se quedaría sin talento. El debate, como casi siempre, se atasca en el caso concreto.
Los sueldos que explican la fuga de talento en la abogacía
El episodio se enmarca en un mercado jurídico con distorsiones propias. Un abogado del Estado con diez años de experiencia en Madrid gana entre 90.000 y 100.000 euros: un sueldo alto para la media, pero no competitivo frente a un abogado medio bueno del privado, que puede cobrar el doble. Esa brecha explica que los bufetes de élite pesquen en el sector público sin mayor esfuezo.
Hay además una coriente que ve el mercado con pesimismo: los grandes despachos españoles (Garrigues, Uría, Cuatrecasas) son tan caros que apenas crecen; la excepción sería Péez-Llorca, mientras las big four capturan cada vez más negocio. Y sobre la profesión en conjuto planea la inteligencia artificial: con unos 180.000 colegiados en España, el pronóstico de que la tecnoligía va a dejar sin trabajo a una parte sustancial de la abogacía no es ninguna broma.
Una apuesta con el prestigio por medio
Lo más llamativo del movimiento es que no encaja del todo. Un bufete pequeño y rentable no necesita un altavoz público; una figra pública desgastada no necesita un salario de 90.000 euros si ya vivía bien con los 7.000 u 8.000 netos mensuales de sala. La lectura más extendida es que hay algo más: contactos, clientes, agenda en Centroamérica o simple ambición. O todo a la vez.
El cierre queda abierto. Si Olona aterriza casos rellenitos, el parentesco será una anécdota. Si fracasa, el apellido será la única explicación que quede. La abogacía española, mientras tanto, seguirá mirando la puerta giratoria con la misma incomodidad de siempre.