PSOE Marco Sanjuán, el tres de chiqui Montero

Marco San Juan: el funcionario clave de Hacienda que nadie vigilaba​

El Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) es la última instancia administrativa para los contribuyentes en España. Desde 2018, su presidente es Marco San Juan, un funcionario que lleva dos décadas en puestos de responsabilidad en la Agencia Tributaria, bajo Gobiernos del PP y del PSOE. Su nombre ha saltado a la esfera pública por su supuesta vinculación con la trama de hidrocarburos conocida como «Chiqui Montero», un caso que ha reabierto el debate sobre la captura política de la administración paralela.

Según las informaciones que han circulado, San Juan habría ocupado cargos de libre designación desde la época de Zapatero y fue ascendido a la presidencia del TEAC en 2018. Algunas fuentes apuntan a que su plaza era en propiedad, pero otras sostienen que los ascensos se produjeron sin concurso público, sorteando los mecanismos de mérito y capacidad. La cuestión clave es si su cercanía a la exministra de Hacienda María Jesús Montero –la «choni» a la que se refieren los comentarios– permitió que la trama operara con impunidad.

El trasfondo del caso es la litigiosidad fiscal en España. Un informe del Instituto de Estudios Económicos (IEE) revela que más del 60% de las liquidaciones recurridas son estimadas totalmente por los tribunales. Es decir, la Administración Tributaria impone sanciones que los jueces tumban sistemáticamente. Esta derrota judicial recurrente ha llevado a firmas internacionales a calificar a Hacienda de «piratas». La pregunta no es solo si Marco San Juan es culpable, sino cómo un sistema que falla dos de cada tres veces puede seguir aplicando la misma lógica recaudatoria.

La defensa habitual es que San Juan no es un cargo político, sino un funcionario de carrera. Pero los mecanismos de cooptación en la Administración permiten que personas afines accedan a puestos de poder sin oposición. En el caso del TEAC, su presidente tiene la última palabra sobre millonarios litigios fiscales. Si, como se sospecha, hubo trato de favor a determinadas empresas, estaríamos ante un fallo sistémico, no solo ante un corrupto.

El debate público se ha centrado en la petición de penas severas –algunos han llegado a pedir la pena de gloria– pero lo relevante es la impunidad estructural. Mientras el 60% de los recursos se ganan en los tribunales, la Agencia Tributaria sigue multando con la misma agresividad. Y nombres como el de Marco San Juan, que llevan décadas en la maquinaria, simbolizan la sensación de que el sistema está diseñado para proteger a los de dentro.

A día de hoy, el caso sigue abierto. La investigación judicial determinará si hubo delito, pero el dato de la litigiosidad ya dice mucho sobre la calidad de nuestra Hacienda. Mientras tanto, el puesto de San Juan sigue siendo el mismo. Quizá esa sea la única certeza.