Montero promete 100.000 viviendas en Andalucía entre el escepticismo
La candidata socialista a la presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha prometido la construcción de
100.000 viviendas si gana las elecciones autonómicas. El anuncio, difundido en redes sociales, ha desatado una oleada de escepticismo: la pregunta que recorre el debate público no es cómo se financiarán, sino si alguien se cree la cifra. La respuesta mayoritaria, a juzgar por la reacción, es que no.
¿Cuántas viviendas ha prometido Montero y por qué nadie se lo cree?
La promesa es concreta:
100.000 viviendas si llega a la presidencia de la Junta. El problema es el historial. Durante años, los gobiernos socialistas han anunciado planes de
vivienda pública que, según la crítica recurrente, no se han materializado. La desconfianza no es nueva: se apoya en la experiencia de promesas anteriores incumplidas, y en el hecho de que Montero fue consejera de Salud en Andalucía durante nueve años, un periodo que ahora se usa como vara de medir su gestión.
Hay quien sostiene que la cifra es sencillamente inverosímil. Otros apuntan a que, incluso si se construyeran, el destino de esas viviendas sería otro. Y una tercera línea de análisis señala que el problema no es la cifra, sino la credibilidad de quien la anuncia.
El precedente de la sanidad andaluza como argumento en contra
Uno de los argumentos más repetidos es el contraste entre lo que Montero promete ahora y lo que hizo cuando gobernaba. Se le reprocha que, tras
nueve años como consejera de Salud, no garantizó tiempos de respuesta razonables para consultas o intervenciones, y que ahora promete hacerlo si llega a la presidencia. La sanidad andaluza, según esta crítica, quedó deteriorada y ha requerido un esfuerzo posterior para rehabilitarla.
La pregunta que sobrevuela es por qué no se aplicó entonces lo que ahora se promete. Es un argumento de coherencia, no de cifras, y por eso cala más allá del debate sobre vivienda.
La sombra de Cataluña y el destino de los fondos
Otra línea de crítica sostiene que el dinero para esas viviendas no saldría de Andalucía, sino que se habría comprometido con Cataluña. Es una acusación recurrente en el discurso político: que los recursos se desvían a otras comunidades mientras se prometen inversiones imposibles en la propia. No hay en el material ninguna cifra que respalde esa afirmación, pero el argumento funciona como marco de desconfianza general.
También aparece la idea de que las viviendas, de construirse, irían destinadas a un colectivo concreto. Es una afirmación que circula sin datos que la sustenten y que conviene tratar como lo que es: una opinión, no un hecho.
El cálculo que nadie ha hecho público
Lo que no aparece en ninguna parte es el desglose económico. ¿Cuánto cuesta construir 100.000 viviendas? ¿De qué partida saldría? ¿En cuántos años? ¿Con qué suelo? La promesa se lanza sin memoria económica conocida, y ese vacío es, precisamente, el que alimenta el escepticismo. El cálculo completo, partida a partida, daría una cifra que probablemente sorprendería a propios y extraños. Pero no está sobre la mesa.
La respuesta política: insultos, comparaciones y memoria
En el terreno político, la reacción ha sido dura. Se acusa a Montero de mentir «una vez más» y se apela a la memoria de los andaluces. También se recuerda que la izquierda andaluza tiene condenas firmes por corrupción en gobiernos anteriores, un argumento que se usa para deslegitimar cualquier promesa nueva.
La discusión deriva a menudo hacia el descrédito personal y hacia la comparación con otros líderes. Es el ruido habitual. Pero debajo queda una pregunta incómoda: si ninguna promesa se cumple, ¿por qué se siguen haciendo?
Qué se puede esperar si finalmente gobierna
Nadie lo sabe. La promesa queda ahí, sin calendario ni financiación detallada. Lo único verificable es que Montero fue consejera de Salud durante nueve años y que ahora promete arreglar lo que, según sus críticos, dejó sin arreglar. El resto es intención.
La construcción de 100.000 viviendas es una cifra redonda, fácil de recordar y difícil de comprobar. Y eso, en política, suele ser exactamente el problema.