Marruecos y el 11M: la amenaza que reabre el caso
Hay amenazas que valen más por lo que callan que por lo que anuncian. La que se atribuye a Marruecos sobre el 11M es de ese tipo: promete la versión real de la matanza de los trenes y, de paso, deja caer que la verdad oficial nunca encajó. El planteamiento que circula sostiene que el Gobierno marroquí, con Mohamed VI o Saadeddine Othmani al frente, estaría dispuesto a contar lo que sabe si España no cede en otros frentes. Y ahí entra
Ceuta, aunque el texto insista en que no tiene nada que ver.
La tesis que se maneja es incómoda: los autores materiales habrían sido
obreros de la muerte del Magreb residentes en Francia y España que actuaban por dinero y que ni sabían la enormidad de lo que hacían. La mayoría se conocieron después de la masacre. Eso, sostiene esta versión, desmontaría el relato judicial que convirtió a militares terroristas marroquíes en los culpables para efectos procesales.
Las dos pruebas que reabrirían el caso
El primer punto negro es la bomba que no estalló. Según el relato, el fiscal ocultó y mandó destruir el artefacto que hubiera aclarado, entre otras cosas, quién fabricó las bombas. Los policías dicen que lo entregaron en la comisaría de Vallecas; quien se hizo cargo de su custodia afirma que lo trasladaron a fiscalía, y así consta. ¿Por qué no llegó al juez? Unos funcionarios de la Audiencia sostienen que no era parte del cuerpo del delito porque no estalló; otros, que corría mucho peligro, cuando estaba desactivada y no podía explotar ni echándola al fuego. El artefacto se perdió en la mismísima Audiencia.
La segunda prueba es la destrucción de los trenes. El 11 de marzo de 2004, cuatro convoyes saltaron por los aires en Madrid: Atocha, El Pozo, Santa Eugenia y la calle Téllez. Explotaron diez bombas que causaron la muerte a
193 personas e hirieron a cerca de otras 2.000. El caso se cerró en falso, con agujeros negros que siguen ahí, empezando por quién o quiénes fueron los autores intelectuales.
«Queda mucho por investigar», señala Sánchez de Roda, investigador de los hechos, que solo encuentra una explicación a la destrucción de los trenes: «La única explicación es que había que poner una versión oficial que fuera distinta de la real, y como la real —que eran los trenes propiamente dichos— iba a contradecir la versión oficial, pues había que deshacerlos como fuese».
El Alvia como espejo: lo que se conserva y lo que se borra
La comparación con el Alvia de Santiago es demoledora. En el accidente ferroviario por exceso de velocidad, no se entregaron los vagones a Renfe hasta cuatro años después del siniestro, y solo cuando el juez autorizó la devolución tras practicar todos los informes pertinentes. Si eso se hizo en Santiago, cuántas más razones había para conservar los trenes del 11M, destrozados por explosiones de origen desconocido y cargados de pruebas irremplazables.
La gestión de los convoyes, en palabras del propio material, es incomprensible. Y esa incomprensión es la que alimenta la desconfianza. Hay quien sostiene que todo fue un golpe de Estado disfrazado de atentado y quien, en el otro extremo, reduce la amenaza marroquí a puro teatro. «El que amenaza suplica», resume una de las voces que han pasado por el asunto.
Quién gana y quién pierde con la amenaza
El cálculo político es sencillo: si Marruecos habla, España queda en evidencia; si no habla, Marruecos conserva un arma de presión. En ambos escenarios, el silencio se paga. La versión que se atribuye al país vecino apunta a que la matanza fue diseñada por los socialistas y ejecutada por saharauis, una acusación que, a día de hoy, no está respaldada por ninguna resolución judicial y que se lanza sin aportar pruebas verificables.
La reapertura del caso, según este relato, sería inminente. El fiscal habría ocultado y ordenado destruir la bomba que no estalló, y su deber era entregarla al juez. Ese es el eje de la denuncia que el periodista Juan Martínez y Alberto Royuela habrían presentado en la Audiencia Nacional sobre la financiación de los atentados.
Mientras tanto, la conversación pública se mueve entre el escepticismo y la sospecha. Unos recuerdan que quien amenaza con tirar de la manta nunca la tira; otros, que si de verdad hubiera pruebas contra Francia o contra el propio Marruecos, el amenazante ya estaría muerto. Y en medio, las víctimas: una madre que falleció en los trenes y un hijo que ya ni recuerda quién puso las bombas.
¿Cuánto tiempo más puede sostenerse un relato oficial que necesita destruir la escena del crimen para mantenerse en pie?