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Más de la mitad de los testigos en el juicio al hermano de Sánchez son cargos y militantes del PSOE que se hicieron pasar por independient

jalp9000 · 2026-06-08T10:01:01+00:00

El juicio por la contratación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, en la Diputación de Badajoz entra este lunes en su recta final con los informes finales de acusaciones y defensas. Tras cuatro largas jornadas de declaraciones que concluyeron el jueves, el tribunal de la Audiencia Provincial ha escuchado a 42 testigos. Más allá del contenido de cada testimonio, la composición de esa lista ofrece una fotografía muy clara: la mayoría de quienes ha comparecido en la sala mantienen o han mantenido vinculación con la Diputación de Badajoz, con el PSOE o, en algunos casos, con ambos. Las cuentas son sencillas. 23 testigos han ocupado —u ocupan— cargos en la diputación o sus contratos dependen en última instancia del ente provincial, como es el caso de los directores de conservatorio. A ellos habría que sumarles a la testigo Estrella Gordillo, socialista militante y exdiputada llamada por la defensa de Miguel Ángel Gallardo, y Nerses Avakimyan, quien fue uno de los candidatos al puesto del hermano del presidente y actualmente es profesor de violín del Conservatorio Profesional Juan Vázquez, dependiente de la diputación. La suma da 25 testigos —de 42— con relación, actual o pasada, con la administración que creó la plaza investigada o con el partido que gobernaba y gobierna dicha Administración. La presencia de responsables de la diputación es especialmente amplia y alcanza prácticamente a todas las áreas implicadas en su día a día. Han declarado altos cargos de presidencia, responsables de recursos humanos, juristas, interventores, técnicos de cultura, especialistas en tecnología y hasta representantes sindicales. Entre los nombres más destacados, por ejemplo, está el de Ramón Díaz Farias, actual vicepresidente tercero de la diputación y alcalde de Villanueva del Fresno (Badajoz). Además de ocupar responsabilidades en el Gobierno provincial, es uno de los pesos pesados del PSOE de Extremadura. No en vano, hace apenas unos meses lanzó su precandidatura a liderar el partido tras la dimisión de Gallardo. No logró los avales, pero ha acabado formando parte de la nueva ejecutiva del cacereño Álvaro Sánchez Cotrina. También compareció Julián Expósito, director del área de Presidencia y Relaciones Institucionales durante buena parte de la etapa de Gallardo al frente de la diputación y considerado persona de confianza del exlíder socialista. Especialmente numeroso ha sido el bloque relacionado con Recursos Humanos, un departamento clave en una causa que gira, precisamente, en torno a la creación, cobertura y posterior transformación de una plaza pública. Ahí también hay dos nombres significativos, el de Cristina Correa, perfil asociado al PSOE y, según fuentes conocedoras de la diputación, a Guillermo Fernández Vara, y el de Francisco Flores, que es un socialista más que reconocido en Badajoz, donde fue candidato a la alcaldía. Por supuesto, el área de Cultura también tuvo representación en el juicio. Entre ellos, José María Sánchez, jefe provincial de Bibliotecas y exalcalde socialista de La Coronada (Badajoz). En este bloque, se encuentran, al menos indirectamente, los directores de conservatorio Evaristo Valentí, Yolanda Sánchez y Rosario Mayoral. Ninguno reconoció haber solicitado la plaza, sino todo lo contrario. Argumentaron ante la sala que sus peticiones eran otras, como la contratación de un pianista o un 'community manager' —gestor de redes sociales—. Fuera de las conexiones con la diputación, el nombre más evidente es el de la ya citada Estrella Gordillo. La socialista declaró por petición de Gallardo para que confirmase que ambos estuvieron apoyando la candidatura de Susana Díaz contra Pedro Sánchez entre 2016 y 2017. Ese ha sido uno de los argumentos del exlíder socialista para recalcar que, por aquel entonces, no tenía una relación fluida con el actual presidente del Gobierno. Sin embargo, como informó ABC este domingo, hay varias publicaciones en redes sociales, al menos hasta un año antes de la creación de la plaza, en las que ambos interactúan con cierta cercanía y confianza. Quitando de la ecuación a estos 25 testigos, restan 17. De ellos, nueve son guardias civiles, como el teniente coronel de la Unidad Central Operativa (UCO) Antonio Balas, que apuntó, en su declaración, a Gallardo como impulsor de la plaza de David Sánchez. Otros tres tienen relación con la Agencia Tributaria. Restarían únicamente cinco, de los que dos son amigos de Luis Carrero, el exasesor de la Moncloa también contratado en la diputación, que fueron llamados por su defensa para argumentar que, efectivamente, tenía una relación de amistad con David Sánchez desde hace años. Es decir, más allá de los relacionados con la diputación o el PSOE, guardias civiles, peritos y los amigos de Carrero, quedan únicamente tres testigos de la sociedad civil que, además, son claves. Uno de ellos es Ignacio María Sánchez, empresario de Badajoz. Él es el propietario de la vivienda por la que se interesó David Sánchez antes de haber hecho la entrevista con la que acabó siendo nombrado coordinador de los conservatorios. Otro es Álvaro Jaén, exlíder de Podemos en Extremadura. Ya en 2017, fue el primero que denunció públicamente la contratación de Sánchez al parecerle extraña. Y, por último, Cristina de Frutos. Directora de orquesta que optó al puesto y que aseguró ante la sala que días antes de la entrevista ya le habían advertido de que la plaza estaba destinada al hermano de Pedro Sánchez. Es más, añadió que durante la prueba tuvo la sensación de que apenas era escuchada por el tribunal: «No me escuchaban mucho ni me hacían preguntas», declaró.