Rusia compara Lituania con Cataluña y cuestiona su independencia
Que un país sea independiente puede depender, tres décadas después, de si celebró o no un referéndum. Sobre esa grieta formal se apoya un proyecto de ley presentado en la Duma estatal rusa por el diputado Yevgeny Fedorov, de Rusia Unida, para anular la resolución del Consejo de Estado de la URSS del 6 de septiembre de 1991 que reconoció la independencia de Lituania. El argumento: aquella decisión se adoptó al margen de la Constitución soviética y del procedimiento previsto para que una república se separase de la Unión. El detalle incómodo: Lituania es miembro de la OTAN, y el objetivo declarado por su promotor es conseguir munición jurídica para la negociación con la Alianza.
Qué norma soviética se incumplió, según el promotor
El diputado cita una ley concreta: la
1409-1, del 3 de abril de 1990, «Sobre el procedimiento para resolver cuestiones relacionadas con la retirada de una república sindical de la URSS». Esa norma preveía un
referéndum y un periodo de transición para resolver los contenciosos. Ninguna de las dos cosas ocurrió, sostiene, ni en Vilnius ni en Moscú. «Tenían el derecho legal de irse, pero se fueron por el otro lado», resume. El instrumento fue la resolución del Consejo de Estado presidido por
Gorbachov, que a su juicio no tenía competencia para adoptarla. De ahí la propuesta: anularla.
El argumento de Cataluña
Ante la objeción de que Lituania fue incorporada a la URSS después de la Segunda Guerra Mundial, la respuesta es tajante: «Lo que sucedió antes de la Segunda Guerra Mundial ya no es importante hoy», y lo que cuenta es lo que se configuró
«en 1945 e inmediatamente después». El territorio lituano formó parte de la Unión Soviética como república de la unión, añade,
«al igual que Cataluña era parte de España, y Kurdistán era en su mayoría parte de Turquía». Que el argumento de la integridad territorial española llegue desde Moscú tiene su retranca. La comparación, en todo caso, es una frase de entrevista, no una tesis jurídica desarrollada.
Por qué ahora y qué tiene que ver la OTAN
«Somos sucesores de la URSS. Tenemos derecho a cancelar las decisiones de la Unión Soviética», plantea el promotor, que sitúa el calendario en función de las
negociaciones con la Alianza y de «procesos en territorios vecinos». La idea de fondo es volver a las posiciones de
1997 y poder exigir la salida de Lituania de la OTAN con base legal. No hay fecha: quizá la sesión de otoño, quizá el año siguiente. Y sobre Estonia y Letonia la puerta queda entreabierta: si no regulan sus relaciones con Rusia, «no se puede descartar» aplicar el precedente.
El agujero jurídico: Rusia no es la URSS
El problema técnico no es quién tiene razón, sino quién puede decidirlo. Lituania no era una república de la RSFSR; el Estado que hoy reclama la competencia es otro. Para desconocer esa independencia habría que restaurar antes la Unión Soviética —la propia RSFSR declaró su independencia y después se disolvió— y devolverle soberanía, algo que, según los participantes que plantean esta objeción, nadie ha puesto sobre la mesa. La respuesta escéptica que recorre el asunto es más simple:
en política internacional lo jurídico pesa poco y lo que pesa son los misiles. Un proyecto de ley no cambia el estatus de nadie; cambia, como mucho, el tono de una negociación.
Kaliningrado, Narva y las minorías del Báltico
El propio proponente explica la prioridad: Lituania es «un pasaje a la región de
Kaliningrado», el enclave ruso entre Lituania y Polonia. A eso se suma el estado de las minorías de origen ruso, un asunto con recorrido largo. Según las versiones que circulan en el debate, en Lituania rondarían el
20% de la población y vivirían en una situación de derechos precaria; en Letonia y Estonia la figura del «no ciudadano» llevaría años vigente. En
Narva, ciudad que un participante describe como de mayoría de origen ruso, hubo que hacer una excepción para las municipales porque, sostiene, no salían ni candidatos. No es casual que Pedro el Grande aparezca cuando se habla de esa ciudad.
Ceuta, Melilla y el artículo 5 de la OTAN
La conversación derivó pronto hacia el flanco español. Varios participantes sostienen que el Tratado OTAN-España de 1986 deja fuera a
Ceuta y Melilla, que no estarían cubiertas por la defensa colectiva, a diferencia de la península, Canarias y Baleares, y que esa exclusión se habría pactado con Washington y Rabat de por medio. Si se acepta que el paraguas de la Alianza no cubre todo lo que un Estado considera suyo, la pregunta sobre quién queda dentro y quién queda fuera gana interés.
El proyecto no cambia fronteras, y una resolución del Consejo de Estado extinguida en 1991 no obra milagros por sí sola. Lo verificable es el calendario: la propuesta está presentada y su autor la ata a la marcha de la negociación con la OTAN. ¿Bastan tres décadas de antigüedad documental para reabrir la condición jurídica de un Estado, o esto solo funciona mientras alguien con misiles lo repite en voz alta?