Pensionistas en Baleares exigen un complemento hasta el SMI
Cerca del 60% de los pensionistas españoles cobran menos de 1.221 euros brutos al mes, el umbral del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). En Baleares, un colectivo de jubilados se ha plantado ante el Parlament para reclamar una iniciativa legislativa popular que cree un complemento autonómico para todas las pensiones públicas inferiores al SMI. La propuesta, recogida por 65ymás, no especifica aún la fuente de financiación, pero abre un melón incómodo: ¿debe el Estado garantizar que ningún pensionista viva por debajo del SMI, o eso rompe el principio de contributividad?
El dato que incomoda: seis de cada diez pensiones, bajo el SMI
El salario mínimo está fijado en 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas. Según los datos que maneja la Coordinadora Balear para la Defensa de las Pensiones Públicas, el 60% de los pensionistas no alcanza esa cifra. Son pensiones contributivas y no contributivas que, en muchos casos, apenas cubren gastos básicos. La iniciativa pretende que el Govern balear ponga dinero público para elevar esas cuantías hasta el SMI, una medida que ya existe en otras comunidades —como el complemento de maternidad— pero que aquí se plantea como un derecho universal para todos los pensionistas con rentas bajas.
El debate de fondo: solidaridad intergeneracional o insostenibilidad
La reavivación del debate sobre las pensiones desata posiciones enfrentadas. Por un lado, hay quien sostiene que subir las pensiones mínimas hasta el SMI es cuestión de dignidad y justicia social: nadie que haya cotizado décadas debería cobrar menos que un trabajador joven sin experiencia. Por otro, surgen voces que alertan del riesgo de desincentivar el trabajo: si un pensionista cobra lo mismo que un asalariado con el salario mínimo, se difumina la línea entre activos y pasivos. Algunas propuestas sugieren que el complemento se financie recortando las pensiones máximas, lo que abriría otro frente de conflicto entre los propios jubilados.
Una crisis de legitimidad silenciosa
Más allá de la aritmética presupuestaria, el pulso revela una creciente tensión entre generaciones. La imagen de pensionistas reclamando más recursos mientras los trabajadores activos ven estancados sus salarios genera un caldo de cultivo de resentimiento. No es difícil encontrar quien califica a los jubilados como «la generación más parásita» o quien denuncia que usan su peso electoral para exprimir al Estado. Pero el dato objetivo es que el sistema de reparto depende de que los jóvenes coticen; ignorar la precariedad de las pensiones mínimas es asegurar la fractura social a largo plazo.
La pregunta queda abierta: ¿puede una sociedad permitirse que seis de cada diez mayores vivan por debajo del umbral de pobreza sin que el sistema se tambalee? La respuesta no está ni en el grito ni en el silencio, sino en una reforma que nadie se atreve a nombrar.