El Ministerio de Justicia estudia recortar de tres a un año el requisito de ejercicio efectivo para acceder al turno de oficio. La medida, presentada como un parche contra la sangría de abogados, no toca el verdadero problema: una remuneración que en muchas provincias no llega ni a 7.000 euros anuales.
La propuesta, que ha trascendido estos días, pretende atajar la creciente fuga de letrados del turno de oficio facilitando la entrada de nuevos colegiados. Pero los que ya están dentro lo tienen claro: bajar la exigencia de tres a un año no soluciona el abandono, solo lo enmascara. «Dentro de poco el turno estará formado por gente sin experiencia», resumen las voces más críticas, que ven en la medida un cajón de sastre para rellenar las listas con recién licenciados sin práctica real.
La experiencia no se improvisa: de los tres años al año solo de trámite
Actualmente, para inscribirse en el turno de oficio se exigen tres años de ejercicio profesional efectivo. La reforma reduciría ese plazo a uno. Quienes llevan años en la trinchera jurídica señalan que un año como colegiado puede equivaler a cero casos vistos: basta con pagar la cuota y tener la licenciatura. En algunos colegios, además, existen pruebas de acceso específicas –exámenes de hasta cinco horas sobre derecho de familia, penal o procesal– que, según testigos, se han mantenido como filtro de calidad. La reforma no las elimina, pero al reducir el plazo, muchos temen que se llene el turno de «niños de papá» sin bagaje.
Los números de la debacle: 45.868 abogados en 2019 y una retribución que no llega al salario mínimo
Los datos disponibles dibujan una profesión en crisis. En 2019 había 45.868 abogados inscritos en el turno de oficio, apenas el 31% del total de letrados ejercientes. Y la tendencia es descendente. Las razones son económicas: en Galicia, una de las comunidades que mejor paga, la retribución media anual ronda los 7.000 euros, y en partidos judiciales medianos puede alcanzar los 10.000-12.000 sólo con grandes esfuerzos. En zonas pequeñas, el ingreso anual no supera los 4.000 euros. «Gano un poquito más que si cobrara el IMV», confiesa una abogada de oficio, que añade que los pagos de los seguros se retrasan y que la carga de trabajo es constante.
El verdadero agujero: honorarios miserables y pagos tardíos
La fuga de abogados no se debe a un exceso de requisitos, sino a unas condiciones que hacen inviable vivir del turno. Quienes lo ejercen lo hacen como ingresos extra, porque el turno solo cubre gastos. Además, algunos colegios obligan a estar inscrito en turnos especiales —extranjería, menores— sin remuneración adicional. «El turno no da para mantener el negocio», resumen. La reducción del requisito de tres a un año puede aumentar el censo a corto plazo, pero si no se revisan los baremos y los plazos de pago, se corre el riesgo de saturar el sistema con profesionales sin experiencia y sin incentivos para quedarse.
La medida, tal y como está planteada, parece una solución de escritorio para una crisis de calle. El Ministerio de Justicia gana tiempo, pero el abogado de oficio sigue cobrando tarde y mal. Si la reforma sale adelante sin acompañarla de una mejora retributiva, lo único que cambiará será el perfil del letrado: más joven, menos curtido y probablemente igual de desencantado.