Moncloa admite que la empresa castrista Palco accede a los sistemas que tramitan la 'ley de nietos'

El contrato y la cláusula que falta

El acuerdo con la empresa estatal cubana asciende a 1,13 millones de euros. En el texto contractual no aparecen cláusulas específicas de confidencialidad. Es decir, el mismo documento que fija el precio no detalla cómo se protege la información que manejan esos trabajadores.

El Gobierno sostiene que los accesos están limitados a las necesidades del servicio y sujetos a controles. Son dos expresiones que suenan a salvaguarda pero no dicen nada verificable: ni qué controles, ni quién los ejerce, ni con qué frecuencia.

Qué se tramita en esa oficina

En el consulado de La Habana se acumulan miles de solicitudes de nacionalidad al amparo de la Ley de Memoria Democrática, conocida como Ley de Nietos. Cada expediente exige partidas de nacimiento, documentos de identidad y antecedentes familiares para acreditar el derecho a la nacionalidad española.

Es material sensible por partida doble: identifica a personas y reconstruye filiaciones. Una filtración no sería un susto administrativo, sería un problema de protección de datos con nombre y apellidos.

La respuesta que no responde

La contestación parlamentaria no aclara el alcance real de los permisos. Reconoce el acceso, lo acota con fórmulas genéricas y deja sin responder la pregunta que importa: qué información concreta queda al alcance de empleados de una empresa dependiente de un régimen extranjero.

El asunto tiene recorrido legal y de protección de datos, así que conviene esperar a que se concrete por escrito el alcance de esos accesos antes de dar nada por cerrado.

jalp9000

Madmaxista

Hoy a la(s) 8:47 AM

Nada transmite más seguridad documental que externalizar los expedientes de nacionalidad a la empresa estatal del régimen cubano y olvidarse de la cláusula de confidencialidad.
El Gobierno reconoce que los trabajadores suministrados por la estatal cubana pueden consultar documentación y sistemas informáticos de la sede española en La Habana, aunque no concreta qué información tienen a su alcance. El contrato de 1,13 millones de euros no recoge cláusulas específicas de confidencialidad. Así, el Gobierno de Pedro Sánchez ha reconocido ante el Congreso que los empleados de la empresa estatal cubana Grupo PALCO tienen acceso a documentación y sistemas informáticos del Consulado General de España en La Habana, donde se tramitan miles de solicitudes de nacionalidad al amparo de la Ley de Memoria Democrática, conocida como Ley de Nietos.
La respuesta parlamentaria, fechada el 23 de septiembre, asegura que esos accesos están limitados a las necesidades del servicio y sujetos a controles, pero no concreta qué documentos pueden consultar los trabajadores ni el alcance de sus permisos. La cuestión cobra especial relevancia por el volumen de expedientes que acumula la oficina consular y por la naturaleza de la información que requieren estos procedimientos.
Las solicitudes incluyen partidas de nacimiento, documentos de identidad y antecedentes familiares necesarios para acreditar el derecho a obtener la nacionalidad española.