Mónica Garcia se apunta a judicializar la politica.

La ministra de Sanidad lleva a la Comunidad de Madrid ante el TSJM por no crear un registro de médicos objetores al aborto​

Que un gobierno recurra a los tribunales para imponer una medida a otra administración no es novedad. Que lo haga para obligar a crear un censo de médicos que se niegan a abortar tiene otro calado. El 16 de enero, Mónica García formalizó un recurso contencioso-administrativo contra la Comunidad de Madrid por el silencio de Sol ante la exigencia de un registro de objetores de conciencia. La medida, contemplada en la legislación estatal, había sido ignorada por el ejecutivo de Ayuso.

El fondo del conflicto: ¿transparencia o control?​

La ley de interrupción voluntaria del embarazo obliga a las comunidades a mantener un listado de los facultativos que se acogen a la objeción, para garantizar que siempre haya personal disponible. Madrid no lo ha creado. Sanidad entiende que es un incumplimiento y acude al Tribunal Superior de Justicia. Para el gobierno regional, se trata de una intromisión en la intimidad de los sanitarios y un paso hacia listas negras de profesionales "desafectos", como se ha señalado en el análisis del caso. La protección de datos especialmente sensibles choca con la necesidad de planificación asistencial.

La sombra de la judicialización sistemática​

No es la primera vez que García acude a la vía contenciosa contra la familia Ayuso, como ilustran denuncias anteriores contra el hermano de la presidenta o sus padres. La imagen de la ministra posando ante los juzgados se ha repetido. Este perfil ha alimentado la lectura de que la judicialización es una estrategia política más que un recurso excepcional. En paralelo, el historial de García incluye otros episodios de tensión, como el reconocimiento de errores en la gestión del bono social para vulnerables que recogió RTVE en 2023.

Reacciones encontradas: entre el cumplimiento legal y la sospecha de afán persecutorio​

Las posturas están claramente divididas. Quienes defienden el registro argumentan que la ley debe cumplirse y que Madrid está incurriendo en una desobediencia que justificaría incluso la aplicación del artículo 155. En el otro lado, se sostiene que el registro es una herramienta de control ideológico, que vulnera la protección de datos y que abre la puerta a futuras represalias contra profesionales incómodos. La pregunta que queda en el aire es si este pulso acabará en los tribunales con una sentencia que zanje o si, como otras veces, se quedará en un intercambio de misivas judiciales sin resolución firme.

Con estos precedentes, la judicialización de la política no parece un desvío coyuntural, sino una pendiente en la que ambos bandos están dispuestos a deslizarse.

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