Multas por circular por caminos.

De 500 a 3.000 euros por circular por un camino de tierra​

Hay una norma estatal que convierte casi cualquier excursión al campo con el coche en una infracción, y luego un ayuntamiento decide cuánto te cuesta. La Ley de Montes 43/2003, de 21 de noviembre, y la Ley de Vías Pecuarias 3/1995, de 23 de marzo, prohíben circular con vehículos a motor fuera de la carretera, dé igual que el camino esté en mitad del monte o perfectamente habilitado para el tránsito. La sanción va de 500 a 3.000 euros. Solo se abren dos puertas: que el camino sea privado o contar con la autorización pertinente. El problema casi nunca es el camino. Es la puerta por la que se entra a él.

Qué prohíben la Ley de Montes y la de Vías Pecuarias​

Ambas normas son de ámbito estatal y coinciden en lo mismo: no se circula con un vehículo a motor por lo que popularmente se entiende como el campo. La ley de vías pecuarias protege las cañadas y cordeles por los que históricamente pasaba el ganado; la de montes añade el suelo forestal. Las excepciones se repiten en la letra pequeña y son esencialmente dos: caminos privados y autorizaciones.

El resto depende de la ordenanza municipal, que marca cuándo se puede pasar y cómo se consigue el permiso. Ese detalle no es menor. La misma pista puede ser transitable en un término y estar vedada en el de al lado, con la línea del catastro a un palmo. De ahí que la pregunta útil no sea si está prohibido, sino prohibido dónde y por quién.

De 500 a 3.000 euros: quién fija la cuantía​

La multa no es única ni automática. La horquilla va de 500 a 3.000 euros y la aterriza cada consistorio, así que la factura final cambia según dónde se ponga la rueda. La lectura más extendida es que el todoterreno recreativo camina hacia su desaparición en España, ahogado por sanciones que ya habrían pagado numerosos conductores.

Frente a eso, quien trabaja en el medio forestal recuerda que existen pistas con acceso autorizado y que no las patrulla nadie de forma sistemática. El que va con papeles, va. El que improvisa, se la juega. Y en medio del ruido se cuela un debate político: hay quien atribuye el celo sancionador a la ideología del gobierno autonómico de turno. La norma que restringe es estatal, así que ese argumento se sostiene a medias, aunque, según esa lectura, el color político cambia el rigor con que se aplica.

¿Qué destroza un camino forestal, el 4x4 o la lluvia?​

Uno de los tramos más técnicos de la discusión casi nunca llega a los titulares. La idea de que el vehículo recreativo es el gran enemigo de la pista forestal choca con otra versión: lo que deja roderas enormes es la maquinaria pesada en terreno blando y, sobre todo, la lluvia fuerte, que se come las cunetas con una eficacia que ningún neumático iguala.

Se sostiene, además, que los caminos forestales no se invaden de maleza salvo abandono prolongado, y que si una pista se pierde bajo las jaras es porque ya no la usa nadie. La conclusión incomoda al titular fácil: prohibir el tránsito no salva automáticamente el camino. A veces lo condena al olvido.

Pistas privadas, cadenas y fincas: el campo tiene dueño​

Aquí el paisaje se convierte en catastro. Hay quien señala que existen senderos y caminos de paso público que atraviesan fincas privadas y no se pueden cerrar legalmente; sin embargo, es frecuente toparse con cadenas, cuerdas y portones que lo hacen de todos modos. La normativa de vías pecuarias da pie a esa disputa, y la realidad del monte la convierte en un pulso diario entre propietarios, excursionistas, cazadores y ciclistas.

El consenso mínimo que emerge es incómodo para todos: el campo no es de todos, tiene dueños, y quien lo usa sin cuidado paga la factura o se la endosa a los demás. La paradoja se agrava cuando esos mismos caminos cerrados deberían servir de acceso a los medios de extinción de incendios.

La merienda junto al río que ya no se puede repetir​

Hay quien guarda la misma escena. Varias familias metían a los niños en el coche, recorrían unos cientos de metros por una pista de tierra y comían junto a un río. Eso hoy es una infracción susceptible de sanción. La nostalgia tiene su versión contable: aquel campo era de todos y de nadie, y ahora cada metro tiene titular y cada titular tiene abogado.

La pregunta que sobrevuela el asunto no es ya si la norma protege el monte. Es a quién protege de verdad: al ecosistema, al propietario o a la costumbre de no dejar circular a nadie sin pasar por caja.

Qué pasará con el todoterreno recreativo​

Con esta horquilla de sanciones y la vigilancia repartida entre guardia civil, ayuntamientos y vecinos con ganas de denunciar, lo razonable sería esperar un retroceso claro de la práctica. Las pistas cuentan otra cosa. Sigue habiendo 4x4, sigue habiendo polvo y sigue habiendo quien se juega 3.000 euros por una tarde de campo. Cuánto aguantará esa costumbre, nadie lo firma.